Apenas unas horas después de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera abrir ayer la vía penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por desobedecer sus resoluciones, la mayoría independentista de la Cámara fijaba a través de una resolución la fecha del referéndum vinculante sobre la independencia, con la abstención de CSQP, y la celebración de elecciones constituyentes antes de marzo de 2018.

El Parlament aprobó la consulta, con aval o no del Estado, como muy tarde en septiembre de 2017, con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP, la abstención de Catalunya Sí que Es Pot y el no del PSC, mientras que los diputados de C's y PPC renunciaban a votar, con las manos levantadas en señal de protesta.

La resolución, respaldada con la mayoría absoluta de 72 diputados de JxSí y CUP en la votación del debate de política general, establece que el referéndum sea "vinculante" y se celebre como "muy tarde" en septiembre de 2017, haya o no acuerdo con el Estado.

El aldabonazo a la hoja de ruta independentista se producía en plena ofensiva judicial por todo lo alto: el Constitucional y el Supremo avalaron ayer la acción penal por desobediencia contra Forcadell y contra el diputado y ex portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

El pleno del TC aprobó por unanimidad denunciar ante el fiscal un posible delito de desobediencia por parte de la presidenta del Parlament por no acatar las resoluciones del tribunal .

Esta decisión se hacía pública a las 14:30, a la vez que se conocía la resolución del Supremo de tramitar ante el Congreso el suplicatorio para actuar penalmente contra Homs por dos delitos (desobediencia y prevaricación) por la consulta del 9-N.

La petición del Supremo excluye el delito de malversación, que también le imputaba el fiscal a Homs y, por tanto, cualquier pena de cárcel. Sin embargo, es la antesala de un posible procesamiento del diputado.

La actuación del TC es mucho menos directa, pues en su auto no dirime la existencia o no de responsabilidad penal. Se limita a denunciar los hechos ante el fiscal, a quien señala que, si "lo estima pertinente", debe promover "el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes".

Esta es la primera vez en la historia del Alto Tribunal en que actúa de este modo, lo que aporta un peso evidente a su acción contra la parlamentaria catalana.

Forcadell ve en el Estado "miedo a la democracia" y "pánico a la libertad de expresión" por haber hecho "lo que toca y que volvería a hacer", que es "cumplir estrictamente el reglamento del Parlament".

El presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró por su parte que la mejor respuesta a los tribunales la dio ayer el Parlament. "Todo mi apoyo a Homs y Forcadell. Hoy lo que votaremos en el Parlament es, más que nunca, la respuesta", espetó en Twitter.