La sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado varios puntos de la declaración soberanista del Parlament abre un nuevo escenario de cara al debate del próximo 8 de abril en el Congreso sobre la consulta catalana y, de hecho, ha dado argumentos a unos y a otros para defender sus posturas.

El Gobierno y el PSOE, que ya levantaron su voz contra la convocatoria de la consulta soberanista, pueden ahora apoyar su discurso en la sentencia del TC, que anula la parte de la declaración del Parlament que definía a Cataluña como un "sujeto jurídico y político soberano". Lo mismo que hasta ahora ha defendido el Ejecutivo: que, según la Constitución, la soberanía reside en el pueblo español y que Cataluña debe ejercer su autogobierno sin vulnerar la Carta Magna.

Hasta aquí se refuerzan los argumentos del Gobierno central, pero la Generalitat no da un paso atrás, mantiene la consulta convocada el 9 de noviembre y, además, asegura que no tiene todo en su contra en esa sentencia, porque declara constitucionales las referencias al "derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña" si se siguen los cauces legales. A este punto se pueden agarrar los nacionalistas catalanes y como avanzaba ya la semana pasada el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, el alto tribunal ha invitado al diálogo y a hacer "política con mayúsculas" y ha proporcionado "puntos de reflexión" para ambas partes, el Estado y la Generalitat.

Y es que el líder de Unió Democrática de Catalunya siempre ha defendido que la consulta "o es legal o no es consulta" y, por eso, las instituciones catalanas siguen trabajando en un escenario en el que esa convocatoria pueda tener un marco legal. Además, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha anunciado ya que el Ejecutivo catalán elaborará un informe sobre el análisis que hace el TC en torno a la declaración de soberanía, que considera que "rompe el discurso" del PP sobre el encaje constitucional del derecho a decidir.

Si el Congreso rechaza el 8 de abril transferir a la Generalitat la competencia para convocar una consulta no vinculante, el Parlamento de Cataluña tiene otras alternativas. Una es la Ley de Consultas, que ya se tramita en el Parlament, pero que puede también ser recurrida y declarada inconstitucional. Ni siquiera en ese supuesto se da por cerrado el debate, y el propio Durán recordaba que, llegado el caso, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene aún la posibilidad de convocar unas "elecciones plebiscitarias".

De momento, Mas no acudirá a Madrid el día 8 y en su lugar serán el propio Homs junto al conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, quienes representen en la tribuna del Congreso al Gobierno de Cataluña.

Por parte del Gobierno y del PSOE se quiere dar la máxima relevancia a este debate y aún no se descarta que sean el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes tomen la palabra.