La consulta convocada por el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, es inconstitucional y no tendrá lugar. Así lo decidieron los 11 magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional que acordaron por unanimidad declarar ilegal la consulta de Ibarretxe dando así la razón al Gobierno y al PP que a mediados de julio presentaron sendos recursos de inconstitucional contra el texto que el Parlamento vasco aprobó gracias a un voto del Partido Comunista de las Tierras Vascas.  

Con la prohibición encima de la mesa, habrá que esperar la reacción del tripartito que capitanea Ibarretxe que ya anunció que recurrirá el veto ante el Tribunal de Estrasburgo y prometió elecciones anticipadas si no había consulta. De momento, el Gobierno vaso se limitó a denunciar la falta de independencia de la Justicia que "ha dado una muestra más de estar penetrada por la política" declarando ilegal "lo que es perfectamente legal y constitucional en Cataluña o Andalucía".

"¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?". Estas son las dos preguntas que Ibarretxe ya no podrá hacer a los vascos el próximo 25 de octubre, tal y como establecía la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco el 27 de junio y tal y como planeó en su hoja de ruta soberanista.

El pasado 15 de julio, tan sólo horas después de que se publicara en el Boletín Oficial del País Vasco, Gobierno y PP interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad en los que denunciaban que la Ley de Consulta atentaba contra la unidad y soberanía de la Nación española, consagradas en la Constitución, que también establece que la convocatoria de referendos es competencia exclusiva del Estado. Además, en su recurso, el Ejecutivo de Zapatero invocó expresamente el artículo 161.2 de la Constitución para que el Constitucional suspendiera la vigencia de la norma.  

Ahora, el Constitucional ha decidido en un tiempo récord, menos de dos meses, y de forma contundente, por unanimidad, en contra de la legalidad de la consulta del 'lehendakari' que todo hace prever que seguirá con su lucha. Ibarretxe ya anunció hace unas semanas que si no había una resolución antes del próximo lunes día 15, fecha establecida para la convocatoria oficial de la consulta, o si esta era negativa interpondría un recurso contra el Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo por "vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales".   

Las reacciones ante la decisión unánime del Constitucional no se hicieron esperar. Desde Vitoria el Gobierno de Ibarretxe la Justicia "ha dejado pasar una oportunidad para demostrar su independencia y ha dado una muestra más de estar penetrada por la política". "Ha quedado en evidencia que en Euskadi es ilegal e inconstitucional lo que es perfectamente legal y constitucional en Cataluña o Andalucía", sentencia el tripartito que señaló que esta resolución "no sorprende a nadie".

"No hay más que conocer qué magistrados componen un tribunal y quienes les designaron para saber cómo serán sus resoluciones judiciales", denunció el Gobierno de Ibarretxe. El presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, calificó la decisión de "desprecio en toda regla a la sociedad vasca" y proclamó que "diga lo que diga el TC, será la sociedad vasca y sólo ella la que tenga la última palabra sobre su futuro".  

Además Ziarreta recordó que la batalla por la consulta no termina aquí ya que "ahora será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que deba resolver el recurso que en próximos días interpondrán las fuerzas del tripartito". La reacción del protagonista no llegará hasta mañana cuando tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en el Palacio de Ajuria Enea Ibarretxe comparezca ante los medios para realizar una declaración institucional.

Una comparecencia ante la que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, se apresuró a pedir a Ibarretxe que "piense más en Euskadi que en sus intereses y sea moderado" en su valoración y que actúe con "sentido común y racionalidad porque el victimismo suele ser utilizado por otros para hacer cosas peores".

Por su parte, el PSE destacó, a través de un comunicado, la "contundencia" de la decisión del tribunal y pidió tanto a Ibarretxe como a los partidos integrantes del Ejecutivo vasco que la acaten y "pasen la página de la falsa confrontación con el Estado". "El Estado de Derecho ha funcionado con normalidad democrática y lo ha hecho además de manera contundente, por acuerdo unánime de los miembros de su más alto Tribunal de Justicia", afirman los socialistas vascos que también señalan que el fallo no pude sorprender a nadie ya que  "Ibarretxe y sus socios no esperaron siquiera a conocer el fallo del Constitucional para anunciarnos, hace unos días, su intención de denunciar al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

En esta misma línea, la secretaria de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Mar Moreno, aconsejó al Gobierno vasco que sea "sensato" y no estire más una "una aventura política que cada día es más ridícula". "Ibarretxe no puede hacer perder el tiempo a las instituciones ni embarcar a la sociedad vasca en iniciativas extravagantes que están perfectamente resueltas y que tienen muy corto recorrido", sentenció.

Desde el PP, su portavoz de Justicia y secretario de Libertades Públicas y encargado de dirigir el equipo que elaboró el recurso ante el TC, Federico Trillo, expresó su máxima satisfacción y e instó al presidente vasco a que "acate la sentencia" y "desista de sus pretensiones en la vía de romper la Constitución Española". Trillo calificó la decisión como "un triunfo del Estado constitucional, del Estado de Derecho, de todos los españoles y muy especialmente de los ciudadanos vascos" y se felicitó porque haya llegado "en tiempo oportuno y adecuado para evitar que se produjeran pasos que fueran luego imposibles de reparar".

Más 'gris' fue la reacción del coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que tras asegurar que "acata" la decisión del alto tribunal, denunció que la interpretación del TC "de que un referéndum es lo mismo que una consulta" es "reduccionista".