El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la petición de una asociación de víctimas del franquismo para que se arreste en España a veinte personas, entre ellas los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, en la causa que lleva una juez argentina por crímenes en la dictadura.

El juez Velasco afirma en un auto que la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), que pidió la detención, no está legitimada para pedir este tipo de arresto, ya que se debería hacer mediante un proceso de extradición que tendría que pedir formalmente el Gobierno argentino al español.

La asociación reclamó en noviembre que los últimos veinte acusados por la Justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo fueran detenidos, tras lo que Interpol Argentina pidió a España su arresto preventivo con fines de extradición.

Dentro de esta causa contra los crímenes del franquismo impulsada en Buenos Aires, la Interpol también reclamó a España el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional.

Ese procedimiento se llevó dentro de unas diligencias abiertas en el juzgado de Velasco y en enero el juez preguntó al Ministerio de Justicia español si se había autorizado la continuación del procedimiento.

Justicia respondió entonces que se había pedido la documentación a Argentina por vía diplomática, pero que ese país no había respondido a la petición.

Como Argentina no ha respondido, Velasco ha procedido a archivar las diligencias, ya que recuerda que sólo un Estado puede requerir la extradición.

"El proceso extradicional sólo lo es entre estados, teniéndolo vedado no sólo la asociación instante sino cualquier otra parte que no sea un Estado", argumenta el juez.

La asociación instó las solicitudes de detención a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la juez de la causa argentina, María Servini, quien el pasado octubre emitió un auto en el que ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco y hasta las primeras elecciones democráticas.

En la lista figuran veinte personas, entre ellas varios altos cargos franquistas, como los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

En concreto, Servini acusa a Utrera Molina de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.