El Consejo de Ministros encargó ayer al Ministerio de Justicia iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que contemple la delegación de competencias a los consejos autonómicos de Justicia, y así evitar la inconstitucionalidad del Estatut en este capítulo, anulado por la sentencia del Alto Tribunal.

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, presentó ayer un informe sobre los pasos que va a dar el Gobierno "para desarrollar el Estatut" una vez conocida la sentencia y "clarificados sus términos". Según explicó la portavoz del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno quiere "impulsar" la ley catalana "en todos sus ámbitos" y "en el marco del Estatut aprobado por las Cortes y refrendado por los ciudadanos de Cataluña". Además, la portavoz del Gobierno recordó el encuentro que mantuvieron el presidente de la Generalitat, José Montilla, y Chaves, una vez que se dio a conocer la sentencia del Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del Estatut.

La de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la única reforma que se prevé, y además se impulsarán los traspasos de competencias pendientes "una vez avalada la práctica totalidad del Estatut" en la sentencia. El Gobierno quiere satisfacer "las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña de más autogobierno" y también "dar canalización a sus sentimientos identitarios".

La reforma, según De la Vega, tendrá "una doble vertiente". Por un lado, analizar las competencias que el Consejo General del Poder Judicial puede delegar a los consejos de justicia en los nuevos estatutos de autonomía, "no sólo el de Cataluña", y "una posible reforma" de la casación. Y por otro, el ministerio dirigido por Francisco Caamaño estudiará la posibilidad de "incorporar los fiscales a los consejos de justicia".

La portavoz gubernamental explicó que es la única reforma legislativa prevista porque el capítulo declarado inconstitucional por el Alto Tribunal es el del Consejo de Justicia de Cataluña.

Fuentes del Ejecutivo explicaron después que en otros casos, como el del Síndic de Greuges, en el que fue anulado el carácter exclusivo de su actividad en aquella Comunidad, se cree que bastaría con un convenio de cooperación entre esta institución y el Defensor del Pueblo para resolver el conflicto legal.

Al margen del capítulo legislativo, De la Vega continuó diciendo que el Gobierno va a convocar próximamente una Comisión Delegada en política autonómica para "evaluar, analizar y dar impulso" a los traspasos de competencias pendientes y a los que ya están en marcha.

La vicepresidenta primera precisó que algunos traspasos "ya se vienen haciendo", mientras que otros aún están en trámite y otros hay que iniciarlos, y para hacer el calendario se convocan esos órganos.

El objetivo, según De la Vega, es que la Comisión Bilateral Estado-Cataluña, en la que se negocian y acuerdan estas cuestiones, se pueda reunir en el próximo mes de septiembre.