Mientras los ciudadanos viven el comienzo de la desescalada conteniendo la respiración –el riesgo de que se produzcan nuevas oleadas del virus es mucho más que probable–, la gestión política de la tragedia se desliza hacia un agrio enquistamiento cuya remisión se antoja cada día más remota. Amén de lo obvio y primordial –la resolución del gravísimo problema de salud pública, aún vigente pese a la evidente mejoría–, en la gestión de la casi orwellianamente llamada nueva normalidad se cifra la estabilidad inmediata del Gobierno de Pedro Sánchez.

No cesan los llamamientos del presidente y sus ministros a la "responsabilidad" de los grupos de la oposición para que finalmente se avengan a apoyar la nueva y cuarta prórroga del estado de alarma a partir del 10 de mayo. En este caso la oposición esencialmente significa el PP, toda vez que Ciudadanos, de momento, no ha roto la baraja pese a las muy frecuentes críticas de Inés Arrimadas a la actitud de Sánchez, al que ve más dispuesto a escenificar sus ofertas de diálogo que a sentarse y, sin más, dialogar. Pese a ello, este lunes, tras hablar con el presidente, Arrimadas confirmó su disposición para negociar con el Gobierno un plan "consensuado y sensato" a cambio de su apoyo a la prórroga.

Pero lo cierto es que ha pasado mucho tiempo –por momentos, parecen varios meses y no unas pocas semanas– desde que se disolvió como un azucarillo de bonitas palabras el sobrecogido consenso en torno a las medidas excepcionales debido al terrible alcance de la pandemia. En los llamamientos del Ejecutivo, según quién esté dispuesto a examinarlos prestando atención al subtexto, es decir, al verdadero mensaje, unos detectan un creciente eco de desesperación y otros, como Pablo Casado para no ir más lejos, una soberbia de lo más exasperante.

Así de enfrentadas están las posturas "a día de hoy", como advirtió este lunes el líder del PP en una entrevista en Onda Cero, a 48 horas del crucial Pleno del Congreso en el que se debatirá y votará la prórroga del estado de alarma, herramienta de la Constitución que ha permitido al Gobierno habilitar el ya célebre mando único ante la emergencia sanitaria. Sin él, repiten desde el Gobierno, habrá menos garantías de éxito en la gestión de la dura realidad post-coronavirus.

Casado, sin embargo, cree que "no tiene sentido" que el estado de alarma se prolongue "más allá de 60 días". A su juicio, la gestión de la desescalada "ya no necesita" dicho instrumento legal. "El PP a día de hoy considera que no puede apoyar la prórroga del estado de alarma", dijo con meridiana claridad, sin querer adelantar si al menos está dispuesto a que su partido se abstenga. Horas después, pese a que, a tenor de lo visto estos días, a ambos les disgusta enormemente tener que hablar y escucharse por teléfono, el presidente llamó a Casado para tratar de convercerlo. En vano. "En los términos que conocemos, no podemos apoyar el estado de alarma", insistió el líder del PP antes de considerar que normas ordinarias como la Ley de Salud Pública, la de Protección Civil o la de Seguridad Nacional bastarían ya para conducir la situación. Y por último, por si el mensaje no había quedado claro del todo, endureció el tono y calificó de "inmoral" la reiterada petición de apoyo del Gobierno, que a él, se quejó, le parece más un "chantaje" que otra cosa.

Como si quisiera darle un poco la razón, José Luis Ábalos, ministro de Transportes y número dos y fajador consumado del PSOE, advirtió al PP de que será responsable del "caos" y el "desorden" que a su juicio puede desencadenarse si retira definitivamente su apoyo al Gobierno y la ampliación del estado de alarma no sale adelante. En el debate –de poder esto llamarse propiamente debate– terció también Pablo Echenique, de Unidas Podemos, al afirmar que "el estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia". "Cuando Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos", añadió.

ERC, teórico socio del Gobierno, adelantó por su parte, tras muchos avisos previos, que votará no. Los independentistas, que hasta ahora venían absteniéndose, han concluido que el estado de alarma "no es el mecanismo adecuado" para gestionar esta crisis que, para dolor suplementario de sus miembros, ha supuesto una "centralización" de las competencias. Puede concluirse sin necesidad de poseer grandes dotes adivinatorias que si el Gobierno fuera un solo señor, en este momento no le llegaría la camisa al cuello.

Así las cosas, cada vez más menguada su fuerza en el Parlamento, el Gobierno parece –en la puesta en escena para el electorado, al menos– haber asumido que es imposible convencer con argumentos al PP. Si Sánchez apretó las tuercas al señalar que "no hay plan B", distintos miembros del Gobierno siguieron ayer presionando al PP. Ábalos lamentó que el PP busque "debilitar" al Gobierno aprovechando las circunstancias. "No se puede abstener", añadió el ministro, porque eso significaría hacer lo mismo que partidos como Vox, que "no están comprometidos con la gobernanza" y de hecho anhelan, denunció, "el fin de todo". El ministro de Sanidad fue con más tiento, pero vino a decir lo mismo: "Mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos", alertó Salvador Illa.

El Gobierno dice que no puede haber otro plan. El PP, que sí: Pablo Casado se llama. Con sus vidas en vilo, los españoles comenzarán este miércoles a hacerse una idea más precisa aún de la capacidad de entendimiento de su Parlamento.