Los ayuntamientos plantearán, por primera vez, un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional debido a la ley sobre la reforma local, al entender que invade la autonomía municipal y sus competencias. Este acuerdo ha sido alcanzado por representantes de los partidos de la mayoría del arco parlamentario, con la excepción del PP y del PNV, y alcaldes de estas formaciones que han consensuado un texto que será debatido y, en su caso, aprobado por los plenos municipales a partir del próximo lunes.

El ayuntamiento de mayor representatividad, probablemente el de Barcelona, remitirá el texto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lo enviará al Consejo de Estado para que emita un dictamen, tras el que se podrá interponer el recurso. Así lo ha explicado el secretario de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, tras una reunión con alcaldes y diputados de su grupo, CiU, Izquierda Plural, UpyD, CC, Compromis y otras fuerzas parlamentarias, celebrada en el Congreso, en la que también se han comprometido a derogar la ley cuando cuenten con mayoría suficiente.

En rueda de prensa, ha precisado que, para interponer el recurso, es necesario que lo suscriban una séptima parte del total de ayuntamientos -1.160 de los 8.116 existentes-, que tienen que representar a una sexta parte de la población, 7,6 millones de ciudadanos. Zarrías ha dicho que las fuerzas políticas que respaldan esta decisión suman 3.500 municipios y más de 15 millones de habitantes. Tras insistir en que se trata de un conflicto en defensa de la autonomía local, ha indicado que en 2002 los ayuntamientos también intentaron interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero que no fue admitido por defecto de forma y ha explicado que fue contra la ley de Estabilidad Presupuestaria y, exactamente, el municipio de Lérida.

Ha reiterado que la reforma local es regresiva y supone una contrarreforma de los ayuntamientos, al dejarlos como "meras oficinas administrativas bajo el Gobierno de turno" y establecer "mecanismos de tutela" por parte de otras administraciones, lo que condicionará la aplicación de los servicios públicos. Zarrías, que ha subrayado que vulnera los artículos 137 y 140 de la Constitución, ha señalado que habrá otros procedimientos ante el Tribunal Constitucional desde los gobiernos y parlamentos autonómicos y "desde esta casa", ya que 50 diputados de su grupo firmarán el correspondiente recurso, que ya se elabora.

Carmen Sayós, de CiU, ha indicado que su grupo "no se lo ha pensado dos veces" para secundar esta acción, dado que la reforma recentraliza competencias y vulnera el Estatuto de Cataluña. Ha señalado que la unidad lograda entre las diferentes fuerzas políticas debería hacer reflexionar al Gobierno, pues la ley no aporta ninguna mejora al mundo municipal, ni siquiera en financiación. "CiU -ha continuado- garantiza el voto de 500 municipios y una población de cuatro millones de habitantes".

La diputada de IU Ascensión de las Heras ha recordado que durante la tramitación de la ley, aprobada a finales de diciembre, el Gobierno estuvo "ciego" y no admitió ni negoció ninguna de las enmiendas a la totalidad, ni las parciales. En su opinión, esta iniciativa va a dejar claro el rechazo de "miles" de ayuntamientos y de millones de ciudadanos a la reforma y ha precisado que la "centralizará" el de Barcelona. Joan Baldoví, de Compromis, que ha considerado una "lección" el acuerdo alcanzado entre "fuerzas tan diversas" y lo ha puesto como ejemplo de lo que debe de ser un Parlamento, ha afirmado que era necesaria una reforma local, pero distinta de la aprobada por el Gobierno.

Chesús Yuste, de la Chunta, ha coincidido con los anteriores en que la ley abre la puerta a la privatización de los servicios y ha indicado que en Aragón se está estudiando si invade competencias. En su opinión, supone "una bomba nuclear" contra el mapa territorial de la comunidad, ya que de los 731 municipios, solo cuatro tienen más de 20.000 habitantes y 25, más de 5.000, por lo que el 96% "está amenazado por el control estatal o por la propia desaparición". En declaraciones fuera de la sala, el secretario general del grupo de UPyD, Andrés Herzog, que no es diputado, ha considerado que reforzar las competencias de las Diputaciones, como prevé la ley, no es la solución y que la reforma tampoco arregla las competencias municipales, por lo que apoyan este conflicto en defensa de la autonomía local.