El Gobierno español, representantes de los principales partidos políticos y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se unieron ayer en un clamor contra el discurso que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, pronunció el pasado miércoles por la noche en las Naciones Unidas. El político gibraltareño acusó a España de practicar una política de acoso contra sus ciudadanos y denunció en concreto "sanciones económicas, restricciones físicas en la frontera, invasiones policiales y militares de las aguas territoriales de Gibraltar, disparos a gibraltareños inocentes e incendios y daños contra las propiedades de gibraltareños en España". Anoche el Gobierno 'yanito' envió una nota de prensa con vídeos que supuestamente prueban estas acusaciones.

El Gobierno español remitió una queja a Reino Unido por las "graves injurias" e "inaceptables" falsedades vertidas por el ministro principal. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo advierte de que el discurso de Picardo ante la IV Comisión de Naciones Unidas que se ocupa de los territorios pendientes de descolonización contenía "falsedades notorias y graves injurias al pueblo español, a sus autoridades y medios de comunicación".

España ha hecho llegar al Gobierno británico una queja formal por el discurso de Picardo en la que subraya que "intervenciones" como ésas "dificultan la solución de los contenciosos pendientes sobre Gibraltar, precisamente en un momento en el que España y el Reino Unido se han mostrado dispuestos al diálogo".

Ambos gobiernos se mantienen en contacto desde hace meses para intentar pactar reuniones ad hoc que permitan abordar problemas específicos relacionados con Gibraltar, como los obstáculos a los pescadores españoles que faenan en las aguas en disputa, dejando a un lado la cuestión de fondo de la soberanía.

Al margen de la queja de Londres, Exteriores ha dado instrucciones a su embajador ante Naciones Unidas para que presente una carta al presidente de la IV Comisión expresando el "más rotundo rechazo por tales afirmaciones e instándole a que adopte las medidas oportunas".

"Las autoridades españolas representan a un país democrático. Somos un país generoso, un país que respeta a todos nuestros interlocutores, y el Gobierno español ni miente, ni acosa ni pega tiros", dijo el embajador español ante Naciones Unidas, Fernando Arias, que también intervino ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para Arias, el discurso de Picardo "carece de una base sólida de carácter jurídico, incluye una serie de afirmaciones gratuitas y sin ningún fundamento legal y faltan a la verdad". El embajador español recordó a Picardo que Gibraltar está en la lista de territorios no autogobernados "porque Gran Bretaña lo incluyó", aseguró que salir de ella es algo que "solo puede decidir la ONU", y añadió que hay una "doctrina clarísima" que dice que el Peñón "no puede constituirse en una unidad independiente sobre la base de la autodeterminación".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) defendieron ayer la labor de los agentes que trabajan en la Verja de Gibraltar al asegurar que "ni acosan, ni incendian propiedades, ni pegan tiros a los ciudadanos gibraltareños". En un comunicado conjunto, las asociaciones responden al ministro principal de Gibraltar. "No puede acusar a los agentes españoles de terroristas porque (...) policías y guardias civiles ostentan el triste récord de tener más número de muertos y heridos como consecuencia del terrorismo", destacan las asociaciones. "Esta vez señor Picardo ha ido demasiado lejos", afirman ambas agrupaciones que acusan a Picardo de fomentar el extremismo desde el otro lado de la Verja "utilizando" a los guardias civiles y policías nacionales "para calentar aún más" el conflicto político que mantiene con el Gobierno español.

Los cuerpos policiales explican que la labor de los agentes es "evitar que siga aumentando el contrabando" dado el "poco interés" de las autoridades gibraltareños y sus fuerzas "para terminar con esta lacra".

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró que el Gobierno español va a tomar "todas las medidas que hagan falta para que en Gibraltar las actividades que se realicen sean conforme a derecho". En declaraciones a TVE, Morenés subrayó que la posición del Gobierno pasa, simplemente, por decir que "Gibraltar tiene que estar sometido a las leyes que le afecten interna e internacionalmente" y que España "no va a ser en ningún momento cómplice de nada que sea irregular y que afecte a Gibraltar y, en consecuencia, a España y a Europa". Morenés cree que Picardo deberá probar sus acusaciones de delito y, si no lo hace, habrá que "denunciarlo en los foros internacionales", correspondientes.

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, restó importancia a las palabras de Picardo, porque le considera "un personaje poco importante y por mucho que suba el nivel de sus palabras eso no sube la importancia". En declaraciones a RNE, el dirigente popular atribuyó las palabras de Picardo a que a éste le interesa volver a poner el contencioso en primer plano "para que se siga hablando de él".

El diputado nacional del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, consideró que el ministro principal de Gibraltar "está perdiendo los papeles". Landaluce aseguró que Picardo demuestra con su discurso que "está en la huida" y "no se da cuenta de que está ocasionando un perjuicio, no sólo a España, sino también a Gibraltar". En este sentido, lamenta el diputado popular que el máximo dirigente de la colonia "no mida ni siquiera la repercusión de sus declaraciones" que, por ciento, el Gobierno "rechaza" porque son "falsas".

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte también le criticó: "El señor Picardo se ha pasado siete pueblos". Pujalte consideró que Picardo cometió una "irresponsabilidad manifiesta" que no se debería consentir en alguien que se dedica a lo público, y se ha "extralimitado". Pujalte recordó que Picardo "vive una gran parte de su tiempo en territorio español", donde "tiene su residencia" y por eso sabe "muy bien" que "en España hay un Estado de derecho y hay un estricto cumplimiento de la normativa". "Y debe saber muy bien", porque "lo vive", que "en España no se arrollan los derechos de nadie", añadió.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó que el ministro principal dio una visión en la ONU "sesgada e inaceptable" porque olvidó decir que su gestión es "contraria a la legalidad europea e internacional". "Picardo ha hecho un discurso duro contra España, pero se le ha olvidado contar que él vive en España y que por tanto se beneficia del Estado de Derecho y de la protección que le dan las leyes españolas", añadió Alonso.

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, calificó de "irresponsables" las acusaciones del primer ministro de Gibraltar y consideró que está "perdiendo el raciocinio". Por ello, pidió al Reino Unido que "frene sus desmanes y bravuconadas". Así, lamenta que los gibraltareños sean "los más perjudicados por esta actitud inconsciente, imprudente e insensata". Sanz reprocha la postura que el PSOE y la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, mantienen con Gibraltar, "más interesados en defender los intereses gibraltareños que los intereses de La Línea y la comarca, simplemente por confrontar con el Gobierno de la Nación".

El portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, aseguró que las acusaciones de Fabián Picardo ponen en evidencia la necesidad de resolver este contencioso con más diálogo porque mantener "una confrontación entre orangutanes" puede acabar mal para todos. En declaraciones en el Congreso, Llamazares indicó que la intervención de Picardo demuestra que el problema de Gibraltar "nunca se ha solucionado" aun que el Gobierno dijera que iba a reconducirlo en un foro cuatripartito. "Estos temas, o se trata de manera negociada mediante el diálogo o con una confrontación de orangutanes en una jaula podemos acabar bastante mal", avisó.

El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, afirmó no tener constancia de que haya habido "tiros o agresiones" contra Gibraltar, pero "sí le consta que ha habido una política desafortunada" del Gobierno. Centella explicó que España actuó erróneamente en Gibraltar al caer "en la trampa" de Picardo, alentando su discurso con medidas como intensificar los controles fronterizos en la verja. Y en este conflicto, dijo, "quien se ha fortalecido" ha sido el Ejecutivo de Gibraltar. Lo importante en esta cuestión es que el Peñón "se desmonte" como paraíso pseudofiscal y lo demás son palabras "de cara a la galería".

El secretario ejecutivo de la UE del PSOE, Juan Moscoso, calificó de inaceptables las declaraciones sobre España de Fabián Picardo y consideró que el Gobierno debería exigir una rectificación sin caer en una escalada verbal o en provocaciones. El diputado socialista cree que no hay que aprovechar estas declaraciones "para volver a caer en una escalada verbal". "Creo que hay que evitar provocaciones y, desde luego, exigir una rectificación y explicación razonable porque no son aceptables", dijo. El expresidente, Felipe González tiene otra opinión: "No hay que darle ninguna importancia (a este asunto). Si le damos importancia, la tendrá".

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno español debería poner en marcha "medidas diplomáticas y legales" ante las "graves acusaciones" de Picardo. La formación que lidera Rosa Díez pregunta al Ejecutivo "qué medidas diplomáticas y legales piensa tomar".