España

La disputa de las aguas aleja a España de Gibraltar

Eva Reyes Borrego

as relaciones entre España y Gibraltar han sufrido un importante deterioro desde los giros políticos que tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 2011, respectivamente.

La llegada del Partido Popular de Mariano Rajoy a la Moncloa finiquitó de forma casi inmediata el Foro de Diálogo sobre el Peñón, que por primera vez sentó en la mesa bajo las mismas condiciones a los gobiernos de Madrid, Londres y Gibraltar. Este proceso dio sus frutos en 2006, los Acuerdos de Córdoba, aunque su segunda fase de negociación bajo el mandato del PSOE nunca llegó a buen puerto por la disputa de las aguas.

La suspensión del Foro, que propició la revalorización de las prestaciones de los ex trabajadores españoles en Gibraltar y el pago de los atrasos -Londres ha pagado más de 70 millones de euros desde entonces- y la apertura de un Instituto Cervantes en el Peñón, tuvo rápida respuesta por parte del ministro principal, el socialista Fabian Picardo, quien en marzo de 2012 suspendió de forma unilateral el acuerdo que desde 1999 permitía a los pescadores de La Línea y Algeciras faenar en las aguas que rodean Gibraltar.

Esto ha avivado y mucho la tensión, pues los pescadores han seguido pescando escoltados por la Guardia Civil, acciones que siempre obtienen respuesta por parte de la sección marítima de la Policía gibraltareña y la Armada británica, aunque ésta en un segundo plano. Además, las autoridades de Gibraltar y el gobernador, sir Adrian Johns, denuncian un día sí y el otro también "incursiones" del Instituto Armado que califican de "violaciones" de la jurisdicción y la soberanía. Y es que, aunque España no reconozca la soberanía británica de las aguas que rodean Gibraltar, basándose en que el Tratado de Utrecht, que cumple tres siglos en 2013, sólo cedió las aguas interiores del puerto, lo cierto es que quienes las controlan son el Reino Unido y el Peñón.

El Ministerio británico de Defensa  contabilizó al menos 178 incursiones de barcos españoles entre noviembre de 2011 y el pasado mes de octubre; sólo en julio hubo alrededor de 40. De las 42 quejas formales remitidas por escrito por Londres al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación desde 2008, más de la mitad fueron cursadas durante el año pasado.

Así, entre enero y octubre de 2011 hubo 23 incursiones por 67 en 2010, y 26 hace cuatro años.

No obstante, hay que recordar que la Unión Europea ha concedido tanto al Reino Unido como a España sendos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que se superponen, otorgando de esa manera a las dos partes la preservación medioambiental de las aguas que rodean Gibraltar, unas 5.000 hectáreas de mar.

Lejos de entrar en disputas de soberanía, las instituciones comunitarias instan a Londres y a Madrid a cooperar para proteger las aguas, pero eso no parece una tarea fácil, puesto que el Reino Unido sostiene que ese tema, sin entrar lógicamente en cuestiones de soberanía, corresponde al Peñón, algo inaceptable para España.

Mientras tanto, el Reino Unido y España siguen avanzando, desde el punto de vista formal y administrativo, en la preservación de las aguas. Así, tanto el LIC Southern Waters of Gibraltar (aprobado en julio de 2006) como el posterior Estrecho Oriental, concedido a Madrid dos años y medio más tarde y que incluye el primero, son ya Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Con este paso, Madrid pretende legislar y avanzar en la protección sobre las aguas que se superponen.

El objetivo es evitar prácticas como los vertidos, el trasvase de combustible de barco a barco -más conocido como bunkering-, ganar terreno al mar mediante rellenos extraídos con material del fondo marino, o la utilización de determinadas artes de pesca en las zonas más sensibles.

Sin embargo, parece complicado que el Gobierno español, que aprobó la designación de ZEC un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazara, sin entrar en la disputa territorial, el recurso presentado por Londres para invalidar el Estrecho Oriental, pueda cumplirlo teniendo en cuenta que no son las autoridades españolas las que ejercen jurisdicción en esas aguas.

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