El fiscal del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han solicitado este martes un incremento de pena para el ex expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, con respecto a la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003. Fiscal y abogado reclaman al alto tribunal una imposición a Fabra de ocho años.

A juicio del representante del Ministerio Fiscal la condena debe modificarse por la aplicación indebida de la Audiencia Provincial de Castellón con respecto al atenuante de dilaciones indebidas, ya que a su juicio los más de 7 años que duró la tramitación de esta causa están justificados dada la complejidad de la misma. Además, ha recordado que la conducta procesal de Fabra, quien interpuso numerosos recursos, no debe beneficiarle.

El alto tribunal ha escuchado en vista pública las alegaciones de la defensa del ex mandatario popular y las de su ex mujer, María Amparo Fernández, condenada a dos años de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, así como las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En el caso, conocido como Naranjax, también está personada como acusación popular la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.

El fiscal expuso a lo largo de su alegato que esta causa motivó la apertura por el juez instructor de 74 tomos y 50 anexos. Poco después, se llamó a declarar a cerca de 100 testigos y subrayó la necesidad de que las sentencias sean "percibidas como justas por la sociedad". Por ello, en vez de un año por cada uno de los delitos fiscales el fiscal pide que a Fabra se le impongan dos años por cada una de estas conductas, teniendo en cuenta además que cada cuota defraudada superó el millón de euros que no han sido devueltos.

Con este diagnóstico ha coincidido el representante de los servicios jurídicos del Estado, que considera que la atenuante de dilaciones indebidas no debe aplicarse de forma automática, sino que deben examinarse los requisitos en cada caso.

Por otro lado, el abogado de Fabra, Javier Boix ha solicitado la libre absolución del ex mandatario popular y ha negado que la presentación de los recursos, que no llegaron a 20, tuviera la intención de dilatar el procedimiento. Además la defensa ha mencionado los errores en la tramitación de la pericial que causaron "parones de meses" en la causa seguida contra su cliente.

En lo relativo a su recurso, Boix ha argumentado que su cliente se vio perjudicado por la denegación de una prueba pericial exculpatoria. El abogado también ha señalado que la propia agencia tributaria levantó actas sobre la actuación del matrimonio que no apreciaron en la comisión de delito fiscal por no existir ánimo defraudatorio. El letrado también alega que los hechos estaban prescritos cuando fueron juzgados y ha criticado que determinados inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía, a los que ha afeado incluso su "comportamiento gestual" durante el juicio que se celebró por estos hechos, concluyeran como peritos durante el procedimiento en el que existió delito fiscal.