La extorsión a los empresarios, denominada por los terroristas como el "impuesto revolucionario" y cuyo fin ha anunciado ETA en una carta dirigida a los empresarios vascos y navarros, ha sido una de las principales vías de financiación de la banda desde los años setenta.

Un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa cifra en 115 millones de euros lo obtenido por ETA entre 1978 y 2008 mediante el chantaje a los empresarios.

La banda terrorista, tras constatar en sus primeros años de actividad armada que los robos de sucursales bancarias eran demasiado arriesgados y escasamente rentables, comenzó a extorsionar a empresarios reclamándoles una cantidad de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos, su familia o sus bienes.

Inicialmente la extorsión se centraba en los grandes banqueros y empresarios, pero con el paso de los años se amplió hasta alcanzar a otros colectivos, entre ellos pequeños industriales o profesionales liberales.

Las víctimas entregaban el dinero en el País Vasco francés, pero a medida que aumentaron las dificultades en Francia para los terroristas, cambiaron los procedimientos.

Las dos redes de extorsión desmanteladas en los años noventa utilizaban, según constataron las investigaciones, locales de organizaciones legales relacionadas con la izquierda abertzale para cobrar a sus víctimas.

También cambió el modo de pago del chantaje. Mientras que inicialmente el dinero iba directamente y en metálico a ETA, posteriormente se emplearon modalidades más sutiles, como la esponsorización de determinadas actividades o las inversiones publicitarias en algunos medios.

La primera operación que reveló la importancia de la extorsión en las finanzas de ETA fue la efectuada por la policía francesa en la cooperativa "Sokoa" de Hendaya en noviembre de 1986.

Las investigaciones revelaron que entre 1980 y 1986 ETA había recibido más de 1.300 millones de pesetas (8 millones de euros) por el "impuesto revolucionario" y que más de un millar de empresarios habían sido chantajeados.

Más tarde, en los años noventa la Ertzaintza desmanteló dos importantes redes de extorsión de los terroristas.

La primera, en enero de 1992, descubierta mediante la operación "Eraso", estaba dirigida por Felipe San Epifanio, "Pipe", que había sido diputado regional de HB y luego miembro del "comando Barcelona".

En agosto de 1993 la operación "Diru Gutxi" puso al descubierto otra red de cobro del "impuesto revolucionario" y permitió la detención en París de Carlos Almorza, "Pedrito de Andoain", responsable de las finanzas etarras.

Otra operación destacada contra la trama de financiación etarra se produjo en junio de 2006 y en ella se encuentran procesadas desde 2008 una veintena de personas.

Mediante esta red, que operaba supuestamente desde hacía veinte años, ETA invertía parte del dinero obtenido en una sociedad radicada en Liechtestein.

Entre los detenidos estaban los "históricos" Angel Iturbe Abásolo, presunto responsable de la red; Julen Kerman de Madariaga y Eloy Uriarte.

De esta causa se ha desglosado el 'caso Faisán' que investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA en mayo de 2006 sobre la operación policial contra esta red de chantaje y que finalmente se efectuó en junio.

En enero de 2011, la patronal navarra señaló que no tenía constancia de cartas de extorsión etarras desde octubre, pero sólo un mes antes los dirigentes de Confebask, la patronal vasca, indicaban que las misivas seguían llegando.

En anteriores treguas, ETA no interrumpió su extorsión y continuó el envío de remesas de cartas en las que exigía a los empresarios el pago del impuesto revolucionario.E