Los intentos por limitar la acusación popular han sido una constante a lo largo de los años, pero en las últimas semanas el Tribunal Supremo ha vuelto a dar un tirón de orejas a los políticos al alertar del riesgo de que los partidos usen esta figura para convertir los juzgados en un campo de batalla por sus disputas.

Fue precisamente a raíz de la causa del procés, en la que está personado Vox, que siempre ha sido el más duro con los líderes independentistas acusados, cuando el Supremo volvió a poner el debate sobre la mesa.

Frente a la petición del presidente de Omnium, Jordi Cuixart, de apartar de la causa al partido, el Alto Tribunal no tuvo más remedio que consentir que Vox siguiese en el caso, no sin alertar de la necesidad de una regulación.

De aquel auto se desprende que al Supremo no le hace ninguna gracia aceptar a partidos políticos en procedimientos judiciales, ya sea ahora con Vox o anteriormente con el PSOE en la causa contra la que fue alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante "el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política". Porque un partido político "no es un tercero imparcial". Sólo se le exige "buena fe", un término ambiguo en Justicia que las fuerzas políticas interpretan desde su óptica interna.

En la Audiencia Nacional es un rara avis encontrar una causa en la que no haya personada una formación política. Casi ninguna renuncia a estar en los grandes casos de corrupción. La lista es larga y variopinta: el PSOE en la Gürtel, el PP en los ERE, Podemos en la causa contra el ex comisario José Manuel Villarejo o Izquierda Unida en Lezo; además, este partido ha pedido estar en la Kitchen, sobre el uso de fondos reservados para hacerse con documentación de Luis Bárcenas.