El debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso vuelve esta semana al pleno de la Cámara en un momento clave para la legislatura y tras los malos resultados del PSOE en Andalucía, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que retratarse en un asunto incómodo, que le separa de sus socios de coalición y de sus aliados parlamentarios.

PNV, ERC, BNG, Más País, Compromís y los partidos nacionalistas catalanes de JxCAT y del PDeCAT pedirán al Gobierno que se posicione sobre el uso del catalán, el euskera y el gallego en las intervenciones del pleno, en las comisiones parlamentarias y en los escritos registrados.

Y aunque es la enésima petición de los nacionalistas para que se modifique el reglamento del Congreso, el debate se produce tras una mayoría absoluta del PP en Andalucía y cuando Sánchez necesita más que nunca unirse a sus socios de investidura.

Los nacionalistas, apoyados por los morados, recordarán al PSOE que en el Senado ya votaron a favor de analizar una propuesta muy similar, que instaba a extender el uso de las lenguas cooficiales no sólo al debate de mociones en el pleno sino a todas las intervenciones orales y escritas de los senadores.

El pasado septiembre, la Cámara Alta con el apoyo de los socialistas tomó en consideración una propuesta muy similar, de JxCAT, que contó con el voto favorable del PSOE pese a que la ponencia de la ley sigue sin activarse.

La propuesta que se traslada ahora al Congreso contará con el apoyo de Unidas Podemos y obligará al PSOE a decidir si actúa igual que en el Senado o se posiciona en contra junto con PP, Vox y Ciudadanos.

La proposición de ley pide reformar el artículo 6.2 de Reglamento del Congreso para que los diputados tengan "el derecho de intervenir en las sesiones del pleno y en las comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus comunidades autónomas" y "el derecho de presentar los escritos y documentos de índole parlamentaria en cualquiera de dichas lenguas".

Actualmente el uso de las lenguas cooficiales no está permitido en el Congreso salvo en momentos muy puntuales o durante intervenciones muy breves.

La proposición pide también que los servicios de la Cámara traduzcan al castellano los escritos presentados en el registro en alguna de las lenguas cooficiales y publicar dichos escritos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Siguiendo la senda del Senado... y del bable

La reforma que se plantea sigue la senda iniciada por las sucesivas modificaciones del Reglamento del Senado que han introducido paulatinamente -desde 1994- el uso de las lenguas oficiales en la vida parlamentaria de la Cámara alta.

Pero también goza de un antecedente con el uso del bable en el Parlamento asturiano, que -aunque polémico- fue avalado por el Tribunal Constitucional pese a no ser una lengua cooficial por considerarlo patrimonio cultural de España, que debe ser objeto de especial respeto y protección.

De hecho la oficialidad del asturiano aún tendrá que esperar porque no hay acuerdo suficiente para reformar el Estatuto de Autonomía que debe contemplarlo.

En el Senado, el primer cambio de 1994 autorizó el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrolla en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y en los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos al Senado.

En 2005 se aprobó la ampliación del uso de las lenguas cooficiales en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo.

Y ya en 2011 se amplió su uso a la presentación de todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y en la intervención de los debates de mociones en el pleno.

Un debate recurrente y su coste económico

La polémica sobre el uso de las lenguas cooficiales o minoritarias en las Cortes generales o autonómicas es un debate recurrente entre partidos.

Ya en 2006 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso en un intento de modificar el reglamento del Congreso en profundidad chocaron en la autorización del empleo de lenguas distintas del castellano dentro de la Cámara.

Fue el escollo que precisamente frustró aquella reforma del reglamento.

El entonces presidente del Congreso, Manuel Marín, zanjó que para introducir el uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja era necesaria una ley específica de lenguas después de que se vivieran algunos incidentes provocados por ERC en el pleno.

PP, Vox y Ciudadanos se opone a igualar el uso de estas lenguas con el del castellano y argumentan su elevado coste económico.

JxCAT calcula que la implementación de las lenguas cooficiales en el Senado supondría unos 950.000 euros anuales pero los populares creen que podría triplicarse.