Nos estamos acostumbrando a que cada campaña política nos traiga una novedad. Con Donald Trump proliferaron las burbujas y las fakes news; las presidenciales brasileñas nos enseñaron una nueva manera de utilizar el WhatsApp para la comunicación electoral que posteriormente copiaría Vox en Andalucía. En las próximas campañas, lo nuevo (y polémico) es el spam político.

Más allá del tradicional buzoneo, ahora los partidos van a poder irrumpir a cualquier hora del día en nuestros teléfonos móviles enviando mensajes a través de WhatsApp, SMS, correos electrónicos o redes sociales, dando vía libre al spam político. Esto es posible gracias a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPD), aprobada en noviembre, que pretende adaptar el ordenamiento español al nuevo reglamento europeo que entró en vigor el pasado 25 de mayo.

Hasta aquí podría parecer que todo es normal, o casi normal. El problema viene por un polémico artículo, el 58 bis, que permite a los partidos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales para la elaboración de perfiles ideológicos con los que personalizar la publicidad electoral, creando campañas a la carta a través del smartphone. Los partidos pueden ponerse en contacto con los votantes por medios privados a partir de datos obtenidos en webs y redes sociales, como números de teléfono o direcciones de emails.

La ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Dice así el primer punto del artículo de la discordia: “la recopilación de datos personales relativos a opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”.

Esto significa, básicamente, que los partidos podrán recopilar datos de los me gusta y de opiniones políticas que dejamos en internet para hacerse una idea de cómo somos, es decir, crear un perfil ideológico de cada uno de nosotros para luego utilizarlo en beneficio propio con fines electorales, adecuando la publicidad y los mensajes electorales según los intereses y preferencias obtenidos del rastro que vamos dejando día a día por el mundo online.

Estas prácticas, que sí se les permite a los partidos, son ilegales para las empresas privadas y el resto de colectivos desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. El artículo 58, sin embargo, insiste en que no es una actividad comercial ni el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería ni su contratación en redes sociales o medios equivalentes. Por tanto, los partidos políticos no tienen que recabar el consentimiento previo de los ciudadanos, algo a lo que sí están obligadas las marcas comerciales, a las que se les exige el consentimiento expreso del afectado para poder usar sus datos con finalidades distintas a las iniciales para los que fueron recabados.

Esta nueva Ley de Protección de Datos pretende que no vuelvan a repetirse casos como el de Cambridge Analytica, consultora que está detrás de las victorias de Trump y del Brexit, y que se dedicó a analizar datos personales de usuarios de Facebook sin su consentimiento para personalizar las campañas electorales. Sin embargo, el hecho de que se puedan crear perfiles ideológicos y que se rastreen datos sin el consentimiento del usuario ha suscitado dudas entre los expertos juristas, algunos de los cuales consideran que los partidos no están legitimados para recopilar datos relativos a opiniones políticas, y ya tildan de Cambridge Analytica español la posibilidad de utilizar la escucha activa en la red para hacer bases de datos con información sobre la ideología de los usuarios.

Los responsables políticos de esta reforma reconocen que existe un gran equívoco y justifican la introducción de este artículo en la necesidad de introducir garantías ante los riesgos que producen las nuevas tecnologías en los procesos electorales.

El revuelo ha sido tal que hasta la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido que pronunciarse públicamente en defensa del texto, garantizando especial vigilancia y rigor con la aplicación de la nueva ley.

Campañas ultrapersonalizadas

Adecuar los mensajes a los intereses de cada votante no es novedoso del todo. Los partidos ya estaban segmentando por zonas geográficas y franjas de edad. Ahora, sin embargo, van a disponer de unas herramientas más sofisticadas con las que afinar con más precisión, de tal manera que colocarán mensajes específicos dependiendo de los temas de los que hable la persona y si lo hace en positivo o negativo. No obstante, los expertos alertan del uso polarizador de estas herramientas ya que, según vimos con Trump y el Brexit, los datos ultrapersonalizados maximizan miedos, fomentan las burbujas y eliminan los matices en las discusiones políticas.

Otro de los riesgos que observan los expertos es que los partidos no sólo pueden enviar información a sus simpatizantes, sino que podrían montar campañas de desinformación a simpatizantes de otros partidos.

Quien desee protegerse de un posible bombardeo de propaganda política a través del móvil lo tiene algo más complicado que impedir la publicidad comercial, pues no existe la posibilidad de que nos incluyan en la lista Robinson. Para ejercer el derecho a oposición, no queda otra alternativa que hacer clic en el enlace, dirigirse a la Junta Electoral Central o también pedir a los partidos que borren nuestros datos.

Puesto que la ley no permite a los partidos la cesión de esos datos obtenidos sin consentimiento a otras empresas especializadas para su tratamiento, la duda planea ahora sobre la capacidad de las formaciones políticas de sacarle provecho a ese privilegio.