El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, descartó ayer presentar una cuestión de confianza a su gestión en el Parlamento balear, al tiempo que su Ejecutivo aprobará el viernes una ley en favor de la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos, y del dinero que gastan.

Tras la expulsión la pasada semana de Unión Mallorquina (UM) del Ejecutivo autonómico, los nuevos consejeros tomaron posesión de sus cargos en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, momento que Antich aprovechó para desafiar al PP a que si tiene una alternativa mayoritaria plantee una moción de censura.

Antich solicitó a la oposición que realice su tradicional función de "control", pero que "deje trabajar" al Gobierno. "Por mí, no será", aseguró.

En opinión del presidente, adelantar las elecciones autonómicas crearía "más desconfianza" en los distintos sectores sociales y económicos de Baleares y en la ciudadanía.

Gobernar en minoría tras la expulsión de UM supondrá un "sobre esfuerzo de escuchar a todos", manifestó Antich, para quien solo el Govern tiene una mayoría parlamentaria estable.

Joana Barceló asumió su nuevo cargo de consejera de Turismo y seguirá como portavoz del Ejecutivo; Pere Aguiló, de Trabajo y Formación; y Gabriel Vicens, de Medio Ambiente y Movilidad. Vicens prometió cumplir con su nueva responsabilidad "sin renunciar al derecho a la autodeterminación de las Islas Baleares", como es habitual en los altos cargos del Bloc, formación nacionalista de izquierda.

Junto a esta remodelación, el Ejecutivo insular anunció que negociará a partir hoy con UM y PP el proyecto de Ley del Sector Público, que está previsto que esté vigente en seis meses y cuya finalidad es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos de las islas, y del dinero que emplean.

El consejero de Presidencia y Juventud, Albert Moragues, informó de que el texto será aprobado el próximo viernes por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria, al tiempo que mostró su confianza en que UM lo apoye porque hasta hace unos días "estaba" de acuerdo y sería una "sorpresa desagradable" no disponer del respaldo del partido nacionalista o de los populares.

El Ejecutivo dio cuenta de esta nueva iniciativa legislativa contra la corrupción, y recordó que el cien por cien de los presuntos casos de corrupción que se han conocido hasta ahora tienen como protagonistas a entes públicos, caso de Bitel, Turismo Joven, Palma Arena, Inestur o Imet.

Después de la expulsión de UM del Ejecutivo la pasada semana por implicación de altos cargos del partido en el caso Inestur, el Ejecutivo pretende controlar el gasto de los entes públicos y la "picaresca" en la aplicación de la Ley de Contratos, además de fijar nuevas normas de control presupuestario y de deuda pública.

La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, señaló que se ha aprovechado esta remodelación para reducir un 50% el número de sus altos cargos y asesores y el 20% de empresas públicas.

De todos modos, el consejero de Economía y Hacienda, Carles Manera, puntualizó que no existe ninguna ley "perfecta" que evite que un ciudadano cometa un delito por cuanto es una decisión personal y voluntaria del infractor.