La protesta de hoy puede hacer historia en la judicatura española. De un lado, los secretarios judiciales han convocado un paro de tres horas, entre las diez y la una de la tarde, contra la sanción de dos años de empleo y sueldo impuesta a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, por los retrasos en la ejecutoria de una condena de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz. De otro, los jueces decano de todo el país celebrarán juntas generales para denunciar las carencias de medios y la sobrecarga de la Justicia y mostrar su rechazo a la “intolerable” injerencia del Gobierno en relación a las indicaciones realizadas al Poder Judicial sobre la sanción que debería imponerse al magistrado Rafael Tirado por los retrasos en el caso Mari Luz.

La coincidencia del paro y las juntas de jueces amenazan con paralizar la Justicia, sobre todo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara ayer los servicios mínimos fijados por el Ministerio y que afectaban al 30% de la plantilla de secretarios. El tribunal ha establecido que sólo estarán de servicios mínimos los secretarios que estén destinados en órganos con servicio de guardia, según aseguró el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, una de las asociaciones que han convocado la protesta. De cualquier forma, lo que sí está garantizado es que el paro será mayoritario.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, vaticina un “amplio seguimiento, casi unánime” de la huelga de secretario, lo que generará un “importante número de suspensiones” de juicios y otras actuaciones judiciales que requieren la presencia del fedatario público. Federico Jiménez fue uno de los catorce jueces decano que ayer asistió en Madrid a la reunión convocada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, quien ha apelado a la “responsabilidad habitual” de los jueces para que las juntas no afecten al servicio público de la Justicia.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, indicó que en este encuentro no han recibido presiones para desconvocar las juntas y advirtió de que, si no mejora la situación, podrían llegar a adoptarse otras medidas, incluso la huelga.

Aunque el objetivo de las juntas de jueces convocadas en todo el país se ciñe en principio al apoyo del comunicado realizado por los jueces decanos contra las “intolerables” injerencias políticas sobre la sanción que debería imponerse al titular del juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, por los retrasos en la tramitación de la causa de Santiago del Valle, muchos magistrados están llamando a través de la intranet del CGPJ a la convocatoria de un comité de huelga. Son más de 2.400 los correos electrónicos que circulan por la web interna del Poder Judicial, en la que los magistrados reclaman acciones más reivindicativas en las juntas de jueces y muestran su apoyo al juez Tirado.

En estos e-mails se ha ido gestando un movimiento que los propios jueces han calificado como “el espíritu del 8 de octubre”, en relación con el primer correo colgado en la página por un magistrado que animaba a sus compañeros a adoptar otras acciones, tras el paro convocado por los secretarios judiciales. En algunos de estos correos se apostaba por tratar en estas reuniones no sólo la “previsible crucifixión del juez Tirado”, sino crear incluso un comité de huelga.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, consideró ayer que, en estos momentos, los jueces decanos no creen que sea necesaria la huelga. “Casi todos hoy por hoy no vemos razones para convocar una huelga”, aseveró Ballester, que recordó que el paro de los secretarios “se produce porque éstos entienden que hay una sanción que consideran desproporcionada”. Federico Jiménez aclaró, no obstante, que las juntas son “órganos soberanos”, por lo que, a pesar de que hay un orden del día, habrá que esperar “a ver qué ocurre” en el desarrollo de estas reuniones. Ballester señaló que aunque “la espoleta” de la reacción de los jueces ha podido estar en el caso Mari Luz y las declaraciones de los responsables políticos para que se endurezca la sanción de 1.500 euros que le impuso la Comisión Disciplinaria del CGPJ, los jueces están actualmente “en la primera parte de la batalla, porque llevan años denunciando las carencias”.

El juez decano de Sevilla rechazó que las juntas de hoy constituyan una “huelga o un paro encubiertos”, por cuanto las reuniones “no van a interferir en el servicio público” que se presta a los ciudadanos. “Nosotros no hemos convocado ninguna huelga, hemos convocado nuestras juntas para perjudicar lo menos posible a los ciudadanos”, dijo Ballester, que explicó que la coincidencia con el paro de los secretarios, al contrario de lo que pudiera pensarse, “no sumará efectos” a la protesta.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, anunció que en las asambleas de jueces se propondrá que se delimite claramente la carga de trabajo real de cada juzgado, así como que cuando se superen los módulos establecidos “los casos que entren ni se archiven ni se repartan”.

También se estudiará un comunicado suscrito por la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo a través de la intranet del Poder Judicial, en el que los jueces del Alto Tribunal consideran, a raíz del caso Mari Luz, que es “intolerable todo intento de ejercer presión” sobre el CGPJ, con el fin de “predeterminar su criterio” y endurecer la sanción impuesta al magistrado Rafael Tirado. La nota recuerda que los órganos disciplinarios del Poder Judicial “están obligados a decidir sólo en derecho y exclusivamente sobre el caso; desatendiendo, por tanto, eventuales demandas sociales o políticas justicialistas y de ejemplaridad, debidas a motivos de oportunidad; por muy respetables que pudieran ser los intereses y las sensibilidades que las animen”, asevera.

Las manifestaciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que mostró su deseo de que el CGPJ sancionara con tres años de suspensión de empleo y sueldo al juez Rafael Tirado, han provocado igualmente el rechazo de todas las asociaciones profesionales de jueces, incluida la progresista Jueces para la Democracia (JpD), que llegó a tildar de “inaceptable intromisión” las declaraciones de De la Vega.