Alejandro Martín Rodríguez

n apenas un año, Mariano Rajoy ha cruzado prácticamente todas las líneas rojas que se había marcado antes de asumir la Presidencia del Gobierno, amparándose en que sus decisiones estaban obligadas por el imperativo categórico de acotar el déficit público. El jefe del Ejecutivo ha optado en la mayoría de las ocasiones por delegar en sus ministros la defensa de unas medidas con las que incluso su propio electorado estaba en desacuerdo. Ya en su segundo Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 2011, rompió su promesa de que no iba a subir los impuestos, tras aprobar un incremento transitorio del IRPF para los años 2012 y 2013. No sería el único aumento de la presión fiscal en su primer año de mandato. El Consejo de Ministros del 13 de julio alumbró un nuevo paquete que incluyó la supresión de la deducción por compra de vivienda habitual y un alza de los tipos del IVA, pasando el general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 21%. Asimismo, el Gobierno abrió una amnistía fiscal para regularizar patrimonios evadidos que dio magros resultados. La última vuelta de tuerca fiscal fue la entrada en vigor de un gravamen del 20% sobre los premios de loterías que entró en vigor el pasado uno de enero.

La polémica reforma laboral llegó en el Consejo de Ministros del 13 de febrero. Además de eliminar la autorización administrativa para los Expedientes de Regulación de Empleo, el decreto abrió la posibilidad del despido por causas económicas, a la par que introdujo una nueva modalidad contractual indefinida con un año de periodo de prueba para pymes. También otorgó primacía al convenio de empresa sobre el sectorial y dio paso a una nueva formación profesional dual aún por desarrollar. Asimismo, el Gobierno modificó el régimen de la prestación contributiva del desempleo, reduciendo la cuantía al 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes de cobro.

Los empleados públicos también se llevaron el 13 de julio la desagradable sorpresa de la supresión de su paga extraordinaria de diciembre, así como del recorte de los días de libre disposición (los llamados moscosos) y de los días adicionales de vacaciones por antigüedad (los canosos). Las reformas también afectaron a otras materias, como el régimen retributivo de los funcionarios durante la situación de incapacidad temporal, en el que se eliminaron los complementos que venían percibiendo hasta el momento. Los pensionistas también vieron cómo su capacidad adquisitiva se reducía, ya que sus pensiones sólo se revalorizaron un 1% -salvo en las pensiones inferiores a 1.000 euros, que aumentarán un 2%-, muy por debajo de la inflación a final de año, del 2,9%.

La lucha por reducir el agujero de las cuentas públicas también se plasmó en el control del gasto de las comunidades autónomas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los gobiernos regionales pudieron acceder al Fondo de Liquidez Autonómica y al Plan de Pago de Proveedores, una especie de rescate con el que hacer frente a sus vencimientos de deuda y sus facturas a cambio de aceptar la supervisión estatal de sus cuentas.

El sistema financiero sufrió dos reformas consecutivas en la primera mitad del año, los llamados decretos Guindos I y II, pero fueron insuficientes para sanear el sistema. El Gobierno se rindió a la evidencia y se vio obligado a solicitar un crédito de más de 40.000 millones de euros a sus socios de la Eurozona para recapitalizar la banca española. Las condiciones se plasmaron en un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) que ha motivado las últimas decisiones del Ejecutivo, como la creación del banco malo o el análisis de la situación de las entidades por parte de dos consultoras internacionales, Oliver Wyman y Roland Berger, ante la desconfianza que suscitaba en los mercados la independencia del Banco de España.

El sector energético no se ha librado de las reformas debido al descontrol del déficit tarifario. Tras un primer recorte en el mes de abril, en el que también se aprobó no conceder primas para las plantas renovables en desarrollo, el ministro de Industria, José Manuel Soria, presentó en otoño la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que incluye un gravamen general del 7% sobre la generación eléctrica con cualquier tecnología, además de medidas específicas para otras tecnologías como la termosolar.