HAY miedo", afirma un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es el único que afirma que varios vocales del CGPJ se sienten presionados, o incluso amenazados, desde que se ha planteado la posible suspensión de Baltasar Garzón por los tres asuntos en los que podría haber cometido delitos: instruir un caso en el que no tenía competencia, haber cobrado de forma irregular un curso sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York y ordenar la escucha telefónica de personas imputadas en el caso Gürtel con sus abogados.

Pocos miembros de la judicatura salvan a Garzón. Es inaudito que un juez con tres procedimientos abiertos continúe en su cargo; pero quienes deben tomar decisiones judiciales sobre su futuro se mueven con la máxima cautela, con el máximo rigor, conscientes de que tienen enfrente a un juez muy mediático, un juez que cuenta con el apoyo del Gobierno, un juez que cuenta con el apoyo de uno de los más importantes grupos de comunicación, un juez que puede movilizar a destacados miembros de la comunidad internacional -Saramago, Menchú, Esquivel y otros- conocidos por su compromiso incuestionable con personas que se mueven en el filo de la navaja. Y un juez que tiene el respaldo también de una de las más importantes entidades financieras españolas, que además está implicada en uno de los asuntos en los que Garzón podría haber cometido alguna irregularidad.

El asunto Garzón ha provocado algo inédito: problemas internos en las dos asociaciones judiciales mayoritarias. Tanto en Jueces para la Democracia como en la Asociación Profesional de la Magistratura hay defensores a ultranza de Garzón y detractores. Y las tensiones están a flor de piel. En cuanto al Gobierno, Rubalcaba le defiende sin fisuras, pues ha sido muy importante su colaboración en la lucha contra ETA y conoce los entresijos de algunas operaciones muy delicadas, pero en la misma situación se encuentra un dirigente del PP, Jaime Mayor Oreja, que cuando ocupó el Ministerio del Interior tuvo oportunidad de conocer la capacidad de Garzón de mover determinados resortes de la lucha contra el terrorismo.

El CGPJ ha decidido no suspenderle cautelarmente de sus funciones hasta que no haya juicio oral porque cuando un particular presenta una querella contra un juez no se le aparta de sus funciones hasta el juicio oral; en cambio, si la querella es del fiscal, se le aparta de forma inmediata. En este caso, el fiscal no apoya ninguna de las tres querellas contra Garzón.

La clave para Garzón es el orden de tramitación de las tres querellas, y su defensa y la de las personas que le apoyan es que se tramite en primer lugar la relacionada con el cobro del curso que impartió en la Universidad de Nueva York. Ya se le ha dado la razón en el sentido de que podía cobrar ese curso a pesar de que en España seguía cobrando su sueldo de juez de la Audiencia Nacional, pero la querella con la que se enfrenta ahora es que pidió financiación a un banco cuyo presidente estaba imputado en una causa sobre la que Garzón tenía que tomar una decisión judicial, que fue absolutoria. La Universidad ha tratado de salvar a Garzón, pero la aparición de una carta de Garzón dirigida a Botín pidiéndole subvención le coloca en una situación muy difícil.

¿Por qué es importante para Garzón que en CGPJ analice en primer lugar esa querella? Porque haría falta enviar a Estados Unidos una comisión rogatoria, y la tramitación podría prolongarse varios años, en los que Garzón podría continuar con su trabajo en la Audiencia Nacional. Sin embargo, si entrara antes la que analiza su actuación en el caso de la memoria histórica, en un par de meses, quizá tres, todo estaría preparado para la vista oral. Y pocos dudan que Garzón no saldría bien parado.

El tercer asunto, las escuchas a los abogados, podría tener una sentencia más interpretativa, aunque algún juez afirma que aceptar las escuchas a los abogados en materia que no está relacionada con el terrorismo se acaba con el derecho de defensa.

Pero lo que importa en estos momentos en el CGPJ, más que la entidad de los posibles delitos, es el orden con que se analizan las tres querellas. Es ahí donde está la lucha, la pelea judicial. Si se posterga la relacionada con la memoria histórica y entra primero la relacionada con el cobro del curso en Nueva York, Garzón puede respirar tranquilo, tiene años por delante para realizar su trabajo. Aunque dicen por la Audiencia Nacional, donde conocen al milímetro los asuntos a los que se enfrenta el titular del Juzgado de Instrucción número 5, que "no tiene salida".

Sin embargo, no es lo mismo que la suspensión le llegue en unos meses que en unos años. Y para que sea en unos años, Garzón cuenta con el apoyo de un importante grupo de comunicación, con el apoyo del Gobierno, y con la capacidad del juez de movilizar a conocidas figuras nacionales e internacionales. Que en eso está.