TRAS prestar el juramento ante las Cortes Generales que contempla la Constitución, Felipe VI ha sido proclamado Rey de España. Ya tenemos, pues, nuevo inquilino en la Jefatura del Estado. Accede don Felipe al trono en unos momentos especialmente difíciles para el país, en general, y también para la institución monárquica, en particular. Arranca su reinado, pues, rodeado de no pocas incertidumbres y debiendo hacer frente a trascendentales desafíos.

De entrada, Felipe VI llega al trono con una tarea absolutamente prioritaria, que va a resultar determinante para el tenor de su reinado: ganarse el respaldo de los ciudadanos de este país. Recuperar la confianza que buena parte de la sociedad, sobre todo los jóvenes, ha perdido en la institución de la Monarquía en los últimos años de reinado de su padre, se erige en objetivo imprescindible para afianzarse en el cargo. El nuevo Rey ha de obtener para sí algo tan sutil y al mismo tiempo tan rotundo, en términos no ya de estabilidad sino de supervivencia de la institución que encarna, como es la legitimidad práctica de la misma: Esa imprescindible aceptación por parte de la sociedad que, desde una perspectiva material, ofrece un sustento real y no meramente jurídico a ese anacronismo histórico que en cualquier Estado democrático del siglo XXI implica la monarquía. El éxito de tan ardua empresa, a día de hoy, no puede darse por descontado. Precisamente por ello, se espera de Felipe VI que sin demora alguna lance señales claras de cara a recuperar la ejemplaridad en el seno de la familia real y su entorno. En un país azotado por recurrentes escándalos de corrupción que afectan a una parte no irrelevante de la clase política, corresponde al Rey trazar una contundente línea de separación entre la Corona y los casos de esta índole en los que se encuentran inmersos tanto Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, como ésta misma (en la actualidad, imputada en el caso Noos). Llegados a este punto, sin embargo, ya no se trata únicamente de favorecer la acción de la justicia para depurar hipotéticas responsabilidades penales. Junto a ello, resulta imprescindible que desde la Corona se asuma una decidida actitud de compromiso activo con la transparencia. En unos momentos en los que la rendición de cuentas a la sociedad por parte de los poderes públicos se configura como objetivo primordial, carece de justificación (y da mucho que pensar) que la Jefatura del Estado escape a dicho influjo, constituyendo un espacio opaco e inmune. Para neutralizar dudas y eliminar suspicacias en este sentido, cabe esperar que, a pesar de la exención establecida por la ley, el Jefe del Estado por su propia iniciativa adopte una postura de máxima nitidez informativa en lo que al funcionamiento interno de la institución se refiere.

No menos dificultades pueblan el paisaje político de nuestro país, topándose Felipe VI con un panorama ciertamente espinoso. Soplan fuertes vientos de cambio en España y el nuevo Monarca está abocado a tomar nota de la compleja situación existente. Se dirá, con toda razón, que en el esquema de monarquía parlamentaria en el que nos hallamos, el rey reina, pero no gobierna y que su rol institucional, como la propia Constitución establece en su artículo 56.1, es meramente simbólico, sin que pueda realizar más funciones que las que expresamente se le atribuyen. En el marco de estas coordenadas de fondo, el Jefe del Estado está llamado a actuar como un poder neutro que "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". Ha de quedar al margen y por encima de la controversia política. El cambio en la Jefatura del Estado, por tanto, no implicaría -al menos teóricamente- transformación alguna en el devenir político actual. Sin embargo, en las presentes circunstancias, resulta inimaginable que la Corona permanezca impasible ante los formidables retos planteados, con el desafío soberanista catalán amenazando la integridad del Estado y la alargada sombra de la (imprescindible y hasta ahora, postergada) reforma constitucional agazapada en el horizonte.

Precisamente atendiendo a su condición de árbitro y moderador, toca al neófito monarca contribuir, dentro de los márgenes constitucionales establecidos, a la regeneración de nuestro sistema: abriendo imprescindibles canales para la reflexión en términos de lealtad institucional y, asimismo, impulsando sinergias de colaboración y entendimiento sobre temas que, por su trascendencia, requieren de un actor neutral que, sin bajar a la arena política, esté en condiciones de encauzar los importantes debates que tenemos pendientes. Trabajo colosal que habrá de desarrollar en condiciones decididamente adversas y que, en sí mismo, requiere destacadas dosis de madurez y sentido de Estado. Educado para convertirse en rey, Felipe VI cuenta con una magnífica y sólida formación. El tiempo dirá si está o no a la altura. Por ahora, constatamos que para él y la Monarquía, ha llegado la hora de la verdad.