Veinticuatro horas después de afirmar que ni había pagado ni había autorizado a sus directivos para que pagaran a Juan Antonio Roca, el dueño de la promotora Aifos se desdice y confiesa que sí hubo fondos en efectivo para el exasesor de urbanismo de Marbella. Roca recibió el dinero en metálico de manos del director territorial de Aifos en Andalucía, Francisco García Lebrón, y nunca medió factura ni recibo acreditativo alguno. Jesús Ruiz Casado, presionado por el abogado de la Junta de Andalucía, José Manuel Delgado, y tras oír las tres declaraciones contradictorias que ha prestado a lo largo de la investigación del caso Malaya y su propio escrito de defensa, cambio ayer otra vez de versión y admitió la existencia de las comisiones. No los 4,8 millones que dice la Fiscalía Anticorrupción y que él mismo reconoció en su comparecencia judicial del 26 de julio de 2006.

El administrador de la promotora explicó ayer ante el tribunal que le juzga por cohecho y fraude que al analizar ahora sus cuentas ha apreciado que existe un descuadre de 135.000 euros y que ese podría ser el montante del posible soborno, aunque tampoco descartó que pudiera ser mayor porque existen otras partidas cuyo destino no ha podido confirmar documentalmente. Precisó que hay una salida de 90.000 euros que coincide con una entrada idéntica en la contabilidad secreta que llevaba Roca en las oficinas de Maras Asesores. El dueño de la promotora, que en los años del auge inmobiliario empleaba a más de 2.000 personas y facturaba por encima de los 300 millones de euros, se esforzó en dibujar el escenario en el que se produjeron los pagos a Juan Antonio Roca.

Según su relato, Aifos tenía en marcha el hotel Guadalpín Banús y el Ayuntamiento se sacó de la manga que existía un exceso de edificabilidad. Empezaron las presiones y temió por el éxito del proyecto hotelero. Entonces dio luz verde a su directivo para que colaborara con el Ayuntamiento, a condición de que hubiera facturas y recibos. Pensaba que se trataría solo de patrocinios o ayudas al municipio, como ya había ocurrido en el pasado. Según dijo, no supo hasta mucho después que esa autorización se había transformado en la entrega de dinero en metálico y que Aifos no tenía ningún papel acreditativo de nada.

García Lebrón no le pedía permiso cada vez que realizaba un pago. Tenía una autorización genérica y autonomía para poder realizar gastos por valor de varios millones de euros sin autorización. No obstante, Ruiz Casado se ha cuidado de colgar el marrón a su subordinado. Ayer asumió que lo sucedido es responsabilidad suya porque "no controló debidamente la empresa" en un momento en que estaba absorbido por las negociaciones para la fusión de Aifos con Urbis y Metrovacesa, así como con su salida a Bolsa, aunque nada de ello llegó a buen puerto.

La de ayer ha sido la sexta versión que Jesús Ruiz Casado ha dado sobre su relación con Roca y sus negocios en Marbella. El asunto es aún más singular porque las investigaciones judiciales por delito contra la ordenación del territorio en el hotel Guadalpín Banús fueron, precisamente, las que dieron lugar al caso Malaya, cuando el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo de Marbella, Jorge González, contó al juez Miguel Ángel Torres los supuestos trapicheos del exasesor de urbanismo y lo acusó de ostentar el poder real en el Ayuntamiento.

El 20 de julio de 2006, tras ser detenido, Ruiz Casado contó al juez Torres, que Roca les había pedido dinero para pagar las nóminas municipales y que Francisco García Lebrón le informó de que le había entregado 2,4 millones sin recibo ni factura. El instructor ordenó su ingreso en prisión. Seis días después el dueño de Aifos pidió al magistrado volver a declarar y el 26 de julio le relató que en realidad Roca les había pedido más de seis millones de euros en sobornos: 2,6 para permitir que saliera adelante el Guadalpín Banús y 4,3 millones por permitirle que se hiciera con unos suelos municipales en Guadaiza en una operación que incluía la permuta por unos locales que previamente debían comprar a dos empresarios de la esfera del exasesor de urbanismo. En total le entregaron 4,8 millones. Dijo entonces que "sabía que el dinero era para Roca" pero que se vio obligado porque en caso contrario podía ver perjudicados sus intereses en Marbella.

De acuerdo con esta segunda versión, dio instrucciones para que no se pagara a través de Aifos. El dinero salió de otra sociedad en varios cheques que cobraba alguien de la compañía y luego se hacía llegar al exasesor de urbanismo. Sin embargo, en la declaración indagatoria de marzo de 2008 negó haber sido objeto de extorsión por parte de Roca, en 2010 hizoconstar en su escrito provisional de defensa que sí entregó dinero, pero menos de lo que en realidad había reconocido cuatro años antes y el martes de esta semana aseguró que jamás había pagado ni autorizado pagos a Roca. A preguntas de su defensa, Ruiz Casado trató de aclarar que en su primera declaración dijo lo que dijo porque pretendía dar una versión coherente con la de García Lebrón y evitar la prisión y que una semana después se autoinculpó en un soborno de 4,8 millones, que incluso era una cifra obtenida por la Policía tras un error de cálculo, porque era la única manera de salir de la cárcel y evitar que su empresa se hundiera.