La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer en el Debate sobre el estado de la comunidad que propondrá al Parlamento una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas construidas "hace mucho tiempo" en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad. "Hay que dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la Administración no puede dar la espalda", subrayó. Estas palabras generaron ayer un importante revuelo tanto entre los alcaldes de la provincia de Málaga como entre los propietarios de esos inmuebles ilegales, que llevan incluso décadas en un limbo urbanístico con el temor de que les derrumben sus viviendas. El anuncio, en principio, les da calma, aunque habrá que ver cómo y qué términos se incluyen en esa modificación.

Hace dos años y medio, la Junta de Andalucía, en connivencia con los ayuntamientos, inició un proceso de regularización de viviendas en el no urbanizable. Comenzaron los inventarios para catalogar el número de construcciones levantadas en el campo, y sólo en la Axarquía, se detectaron 12.760, más de 22.000 según el grupo ecologista Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía.

Entonces se aprobó el decreto 2/2012 para regularizar aquellas que estaban fuera de ordenación y las asimiladas que eran las únicas que obtendrían la licencia de primera ocupación. No obstante, ambas figuras seguían considerando a las construcciones como ilegales a efectos jurídicos y urbanísticos. La norma además establecía diferencias entre asentamientos urbanos, hábitat rural y los diseminados. En éste grupo entran todas aquellas reparcelaciones que por sus condiciones o por el tamaño no podían pertenecer al primero, y son las que la LOUA había puesto el punto de mira.

En La Viñuela son más de 200 las que se encuentran en esta complicada situación, mientras que en Alcaucín podrían suponer más del triple. De hecho, en el Ayuntamiento calculan que son el 90% de las construcciones ilegales y reconocen que son el pueblo "con más parcelaciones urbanísticas". Terrenos que aprovechando la existencia de un antiguo almacén de aperos recibieron autorización para segregarlas en varias parcelas que permitieran la construcción de más de una vivienda. También recibieron la licencia de obras y la de primera ocupación.

Los afectados y los responsables municipales actuales defienden que los compradores "fueron engañados" ya que compraron viviendas de "forma completamente legal ya que contaban con todo tipo de autorizaciones". Una infracción urbanística que al no prescribir podría acabar con la demolición, a pesar de que muchas, según aseguran, tienen más de tres décadas de antigüedad. Para los grupos ecologistas, fue en ese momento cuando comenzó la especulación urbanística de terrenos en el campo a sabiendas de los propietarios, de inmobiliarias y de los responsables municipales de entonces.

En el caso de Manilva hay 400 viviendas pendientes de regularización levantadas en suelos no urbanizables o urbanizables no sectorizados. Desde el equipo de gobierno llevan meses negociando con los propietarios para conseguir su legalización una vez culminen los trámites puestos en marcha por parte del Consistorio, que está negociando con los propietarios las condiciones que deberán darse para que sus casas pasen a estar contempladas en el planeamiento sin ninguna objeción.

Según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Diego Urieta, "una vez que el avance del PGOU ha determinado que son asentamientos con vocación de urbanos por cercanía o bien porque cuentan con las infraestructuras y la dotación propia de una zona urbana, la idea es avanzar en la revisión parcial y hacer de estos terrenos suelo urbanizable o urbano con todos los suministros y dotaciones".

En Estepona hay entre 2.000 y 3.000 diseminados rurales. El equipo de gobierno puso en marcha al inicio del mandato la oficina de atención a los propietarios de estos inmuebles con la intención de que se registraran en un censo para proceder a analizar cada caso y darle una solución. A día de hoy se desconoce la gestión realizada por este departamento y el número de casos atendidos.

En el caso de Marbella las cifras son más elevadas. El PGOU contempla la posibilidad de legalizar 16.500 viviendas irregulares si bien el cálculo es que en la ciudad existen 30.000 en situación irregular. De momento poco más de 1.000 han cumplido con los requisitos establecidos en el planeamiento aprobado en 2010 para salir de la ilegalidad.