El conjunto de empresarios que adquirieron en septiembre las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, entre los que se encuentran los ex concejales del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, han plantado cara a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al haber alegado contra el procedimiento abierto para extinguir la concesión, cuya propiedad fue transmitida de manera presuntamente irregular por los verdaderos concesionarios Vera y Acha.

Los nuevos propietarios presentaron sus alegaciones el lunes dentro del plazo de 15 días dado por la Junta de Andalucía. Así lo confirmó ayer a este periódico Caneda, quien criticó la "desproporcionalidad de la medida adoptada" al entender que "aunque a lo mejor pueden llevar razón en que no informamos antes de la operación, hay argumentaciones jurídicas y de sentido común para buscar una solución y que la concesión no se extinga".

En cambio, la resolución de la Delegación territorial de Medio Ambiente en Málaga emitida el pasado mes justifica el paso adoptado en el incumplimiento del artículo 70.2 de la Ley de Costas, por el que se considera motivo suficiente para la extinción el hecho de que la operación de compraventa de las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, que ascendió a un millón de euros, se produjo antes de haber sido notificada a la Administración regional.

En ese sentido, la resolución es clara y se ampara en que mientras la transmisión de las acciones se formalizó ante notario el 30 de septiembre del año pasado, la comunicación de esta operación a la Junta no se produjo hasta los días 14 y 15 de octubre siguientes. Según Caneda, "enviamos los datos de la operación a las distintas administraciones antes de que nos lo requirieran y lo hicimos por cortesía porque no sabíamos que teníamos que advertirlo".

Pero la base legal que emplea la Junta para iniciar el procedimiento de extinción es la misma que ya en noviembre del año pasado hacía ver la Dirección General de Costas ante las reclamaciones del Gobierno andaluz para que impulsase el rescate de los baños. El proceso puede prolongarse durante unos 18 meses, si bien la vigencia de la actual concesión caduca en 2018. Los empresarios afectados advierten de que si la Junta sigue adelante con el procedimiento administrativo "terminaremos en los tribunales" y lamentó que no se valore el hecho de que en seis meses "hemos demostrado ser óptimos para explotar este entorno que ha pasado de ser un estercolero a una maravilla".