Málaga sufre un creciente riesgo de inundaciones según un informe realizado por la Fundación Madeca. El organismo aboga por crear un marco legislativo para la prevención de estas situaciones, la coordinación entre administraciones y la concienciación medioambiental para tratar de paliar los efectos derivados de una combinación de factores naturales, humanos y del cambio climático.

El diputado y presidente de Madeca, Jacobo Florido, acompañado del director de la fundación, Francisco García, fueron los encargados de presentar el Estudio del Riesgo de Inundaciones desarrollado por la fundación dependiente de la Diputación de Málaga. El informe se centra en zonas de la provincia identificadas como de mayor incidencia de episodios de inundaciones según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y estudios recientes de la Universidad de Málaga.

El documento realiza un mapeo, descripción y análisis legislativo y metodológico de las fórmulas para gestionar el riesgo de inundaciones, y elabora recomendaciones y propuestas de mejora, según explicó Florido.

El presidente de Madeca afirmó que no se trata de "un estudio de inspección" a pesar de que el informe se centra en la revisión de los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, Marbella, Mijas, Vélez, Fuengirola, Torremolinos, Estepona y Rincón de la Victoria; afectando la información del documento a una población superior a los 1,12 millones de personas.

En los casos de Mijas, Rincón y Vélez, Florido calificó como "por debajo del 4,5" sus PGOU, ya que no incorporan lo dispuesto en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces ni en el texto refundido de la Ley de Aguas.

Desde Madeca apuntan que "es necesaria la adaptación de los planes de los municipios en materia de inundaciones", excepto Fuengirola, porque "incorpora en su plan general toda la normativa".

El estudio de Madeca analiza tres factores como determinantes de las inundaciones: el peligro, que son las circunstancias naturales climáticas, meteorológicas u orográficas; el riesgo, que es aquello que condiciona negativamente la integridad humana y provoca impactos económicos, sociales o medioambientales; y la vulnerabilidad, definida como las circunstancias de una comunidad que la hacen susceptible a los efectos dañinos de estos episodios.

Según explicó Florido, estos factores se combinan de manera que "frente al peligro de inundaciones, el riesgo es diferente según el grado de vulnerabilidad, que depende del tipo de ocupación del espacio y del modelo de ordenación territorial". Las causas principales de inundaciones, según el informe, son las "condiciones naturales del territorio", pero, sobre todo, la ocupación humana de riadas naturales y cauces de los ríos en su zona de inundación, fundamentada por desarrollos urbanísticos y modelos de agricultura de regadío.

Respecto al factor cambio climático, el texto afirma que "no es posible demostrar su relación" con las inundaciones. No obstante, los efectos de las variaciones globales del clima "pueden agravar las consecuencias de las inundaciones".

El documento también destaca que en los últimos 25 años proliferaron las normativas de planificación, prevención, actuación y rehabilitación en virtud de los marcos competenciales de las diferentes administraciones. Florido resaltó que son 11 en total, de las que cuatro son europeas, cinco estatales y dos autonómicas, todas ellas aprobadas entre 2001 y 2017. Sin embargo, Florido afirmó que se detecta "un déficit de legislación marco" sobre riesgos naturales en Andalucía, donde la Ley de Aguas y la Ley de Gestión de Emergencias cubren aspectos diferentes, aunque complementarios, de una catástrofe por inundaciones.

El estudio concluye que se deben tomar tres líneas estratégicas de trabajo: la conservación y mantenimiento del medio natural como elemento clave de protección, la potenciación y creación de nuevos espacios de trabajo conjunto entre administraciones, y la comunicación y educación como estrategia de intervención. El informe aporta recomendaciones y propuestas de mejora para la prevención, planificación, gestión y reconstrucción en caso de catástrofe natural. Entre ellas, se resaltaron "las actuaciones hidráulicas en la red de drenaje, limpieza y mantenimiento de la cubierta vegetal, una labor de divulgación y pedagogía hacia la población o mejorar la educación medioambiental".