Al igual que ocurriese en la Costa del Sol con el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de la capitales y en menor medida con Malaya, en el interior de la provincia de Málaga, el caso Arcos se ha desinflado con penas mínimas para los condenados y con la mitad de los encausados absueltos. Ayer la Audiencia de Málaga daba a conocer la sentencia de esta operación que deja sin cargos a 22 personas de las 33 que llegaron al final del proceso. Inicialmente fueron imputadas 48 personas, de las que ocho aceptaron los cargos, para los 11 restantes la Fiscalía retiró la acusación, la mayoría de ellos promotores. En las conclusiones finales el Ministerio Público también redujo la pena para los procesados. La del ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, al que apuntaban como uno de los cabecillas de esta trama de corrupción urbanística para la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, era de 226 años por más de 60 delitos.

Una petición de condena muy lejos de la que ayer recibía el ex regidor que se quedaba en 17 meses por un delito continuado de prevaricación urbanística y tráfico de influencias, y por otro de falsedad en documento oficial. También se le ha impuesto para empleo o cargo público durante siete años y siete meses y multa de 600 euros. De los demás delitos ha quedado absuelto, entre ellos el de cohecho y el de blanqueo de capitales. La Sala estima en este procesado y en el resto la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas ya que algunos de los hechos se remontan a 1999 y el caso se destapó en 2008. El juicio comenzó en noviembre de 2016.

La Audiencia Provincial ha condenado por la trama urbanística a 11 personas

No obstante, el Tribunal también reconoce en el auto que la causa "ha sido y es especialmente compleja, con muchos acusados, acusaciones particulares y múltiples hechos delictivos objeto deacusación". En cuanto al secretario del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, José Mora, al que se le situaba en el centro de la trama se le ha condenado por un delito continuado de falsedad en documento oficial a la pena de dos años y tres meses de prisión y multa de 2.400 euros, con inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años; y por otro de actividades prohibidas a funcionarios, por el que se le impone la suspensión de empleo o cargo público durante seis meses y multa de 900 euros.

También se condena a un arquitecto técnico municipal por un delito contra la ordenación del territorio a una pena de cuatro meses de prisión y multa; a otro arquitecto, también por el mismo delito y la misma pena de prisión. Además de funcionarios y arquitectos hay condenados intermediarios y otros asesores urbanísticos. De los 11 acusados que han sido condenados, seis prestaron su conformidad y ahora se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Entre ellos hay varios empresarios a los que se les condena por delitos contra la ordenación del territorio; quedando el resto de constructores absueltos. A pesar de que el que fuera secretario municipal se mostró de acuerdo con la acusación por diez delitos de falsedad por imprudencia grave en relación con varias certificaciones, el Tribunal lo absuelve, al considerar que no se puede dar la consideración de falsedad o verdad a valoraciones. La sentencia consta de 386 folios donde se analiza el periodo de crecimiento urbanístico que experimentó Alcaucín de 1999 a 2009.