Málaga

Atienden en un año a 147 menores por violencia sexual

  • Un total de 98 niños fueron evaluados por expertos de la Junta mientras que 49 recibieron tratamiento

  • El número de víctimas asistidas ha crecido en Andalucía un 15% en un lustro

Los equipos expertos en tratar a víctimas de violencia sexual de la Junta de Andalucía han atendido a 1.405 menores durante 2017 y, de ellos, 147 son casos nuevos registrados en la provincia de Málaga durante 2017. Según datos del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, el 34% de las víctimas sufren abusos y/o violaciones en el seno de su propia familia.El 83% de los menores que necesitan tratamiento son niñas; y el 17%, niños. En cuanto a las edades de las víctimas, los datos regionales reflejan que el 48,51% de los casos tienen entre 13 y 18 años; el 34,4% son menores de entre 7 y 12 años. Asimismo, el 2,19% presentan discapacidad.

En cuanto al perfil del agresor destaca que en un tercio de los casos pertenece al núcleo familiar del pequeño, y principalmente es un hombre cercano a la víctima (padre, abuelo, tío, etcétera). En el 22% de los casos el agresor es extrafamiliar, y de estos el 8% de la violencia sexual se produce entre iguales. "Cuando un niño agrede sexualmente a otro es necesario atender tanto a la víctima como al agresor", añade una experta. En el ámbito andaluz el volumen de casos atendidos por violencia sexual hacia niños y adolescentes ha crecido un 15% en el último lustro. Estas cifras sólo representan la punta de iceberg de una violencia, muchas veces silenciada, que atenta contra la infancia. Se sospecha, según ha mostrado Save the Children en un informe, que los casos reales de niños que sufren abusos y violaciones son muy superiores a los detectados por los servicios públicos.

Notificar la sospecha de un posible caso es clave para que el niño reciba atención especializada

De los 147 casos atendidos en Málaga en el ejercicio pasado, 98 han sido evaluados, mientras que 49 han recibido tratamiento en el Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual de la Junta de Andalucía. Cada Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales cuenta con un equipo especializado en tratar a estos niños y a sus familias. El proyecto pretende verificar si un menor o una menor ha sido objeto de abusos sexuales a través de la evaluación y el diagnóstico psicológico y familiar, estableciendo las necesidades de protección y atención terapéutica que precisen. Asimismo, los expertos ofrecen tratamiento psicosocial al menor, creando un contexto de ayuda y atención que permita reducir los síntomas y secuelas derivados de la situación vivida y evitar la revictimización y el desarraigo. Muchos casos que son sometidos a evaluación por estos equipos reciben tratamiento, o bien no necesitan terapia porque los menores no presentan síntomas.

El tratamiento y diagnóstico precoz favorecen el normal desarrollo de estos pequeños. Los expertos en tratar estos casos hacen un llamamiento a la concienciación de los profesionales que están en contacto directo con menores, pediatras y docentes, para que se pongan en contacto con los equipos especializados ante la mínima sospecha; de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/96 de Protección del Menor y el Decreto 3/2004 sobre Maltrato Infantil. Sólo el 1% de los casos que llegan a los servicios públicos especializados son detectados y denunciados desde el entorno educativo de las víctimas.

La mayoría de los niños llegan al programa de evaluación y tratamiento a través de los juzgados; de los Servicios Sociales-Comunitarios; desde Protección del Menor; y desde el ámbito sanitario. La coordinación de los distintos especialistas (médicos y pediatras, personal docente, jueces y fiscales, fuerzas de seguridad, etcétera) es clave para que la víctima reciba la asistencia que necesita. La evaluación y el tratamiento de cada posible víctima debe quedar en manos expertas (psicólogos clínicos, trabajadores sociales y asesores jurídicos especializados), explican responsables de la Junta. "El objetivo del programa es atender a la víctima, descartar o confirmar cada caso en evaluación-diagnóstico, y ofrecer un tratamiento psicosocial a la familia y al menor para que puedan superar las secuelas y posibles trastornos a causa del trauma que han sufrido, de modo que recuperen el equilibrio personal y familiar. También se ofrece una orientación legal", explican las mismas fuentes.

ante la mínima sospecha

Las señales que deben levantar la sospecha de los adultos son específicas, entre las que destacan el relato de la víctima, enfermedades de transmisión sexual, restos de sangre y semen en la ropa del menor, y conductas sexuales inapropiadas para la edad del menor. Entre las señales de alarma inespecíficas de la violencia sexual o de cualquier otro tipo de abuso y/o maltrato infantil destacan el retraimiento del menor, autolesiones, tristeza, ansiedad, depresión, rechazo a entrar en contacto con otros, baja autoestima o pérdida del control de los esfínteres. Notificar la sospecha es clave.

Los Servicios de Prevención y Apoyo de la Familia de la Junta de Andalucía disponen de un protocolo específico que favorece las derivaciones y la atención a las víctimas y a sus familias. Esta asistencia además está regulada con plazos, de modo que con carácter general la evaluación del menor se realiza en tres meses tras la derivación del caso; y en seis meses como plazo máximo para que reciban tratamiento. Los niños más vulnerables, aquéllos que son tutelados en el sistema público de protección, son considerados prioritarios, al igual que los casos derivados desde los juzgados.

pruebas válidas

El equipo de expertos en atender a los menores víctimas de violencia sexual realizó seis pruebas preconstituidas en Málaga en el pasado 2016. Estas pruebas son actuaciones sumariales válidas jurídicamente en caso de que los hechos terminen en los tribunales. La prueba preconstituida consiste en una entrevista a la víctima que es grabada y realizada por un psicólogo clínico especializado. "Se realiza en un espacio diseñado para tal fin que consiste en una sala adaptada que permite que todas las partes implicadas, defensa y acusación, sean testigos de las declaraciones que realiza la víctima, sin que el menor entre en contacto visual con su agresor", explican fuentes oficiales. Las pruebas preconstituidas cumplen con uno de los objetivos de la protección del menor: evitar la doble victimización, lo cual se produce cuando el niño tiene que relatar los hechos sufridos una y otra vez. Al reiterar las entrevistas y las declaraciones el niño revive el trauma y, en algunos casos, sufre de nuevo secuelas superadas. Los juicios suelen ser largos y se han dado casos de niños que han vuelto a sufrir las secuelas años después, incluso en la edad adulta, al tener que enfrentarse de nuevo a los hechos. En Andalucía durante 2017 se registraron 141 pruebas preconstituidas, mientras que en 2012 fueron 54.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios