La Audiencia de Málaga ha decidido devolver 6,3 millones de euros en fianzas impuestas por el juez instructor del caso Malaya al ex alcalde Julián Muñoz, tres antiguos concejales y a dos empresarios. Con este dinero se pretendía avalar la responsabilidad pecuniaria derivada de la imposición de multas en una futura condena. Esta decisión figura en el auto que desestima casi en su totalidad los recursos interpuestos por 26 procesados contra el segundo procesamiento del sumario Malaya.

La Sección Primera, al resolver estos recursos, ha anulado la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez del caso Malaya, Óscar Pérez, al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por su participación en el convenio Ave María. Este asunto consiste en un acuerdo entre el Ayuntamiento de este municipio y la empresa CCF 21, una sociedad de la que eran administradores Andrés Liétor y Carlos Sánchez, presuntos testaferros de Juan Antonio Roca. Gracias al convenio el Ayuntamiento le cambió a CCF 21 unos aprovechamientos urbanísticos valorados en 1,4 millones de euros por un suelo rústico que según las acusaciones no excede de 30.000 euros.

Una vez cerrada la permuta, la sociedad Masdevallía, propiedad de Juan Antonio Roca, compró los suelos y seguidamente se los vendió a Obarisa, firma vinculada al empresario guipuzcoano Javier Arteche, uno de los promotores próximos al otrora poderoso asesor de Urbanismo de Marbella.

El juez instructor del caso Malaya atribuyó en el segundo auto de procesamiento un presunto delito de fraude al ex alcalde Julián Muñoz, y fijó una fianza de 200.000 euros. Sin embargo, la Audiencia considera ahora que "parece haberse producido una duplicidad de fianzas", puesto que en el primer auto de procesamiento el juez también le imputó fraude y determinó un aval de 400.000 euros para hacer frente a futuras responsabilidades.

Entre los implicados en la operación Ave María también figuran los concejales del Ayuntamiento de Marbella José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Rafael González Carrasco. A cada uno de ellos el juez instructor le fijó una fianza de 200.000 euros que ahora el tribunal ha rebajado a 100.000 euros porque ya en el primer auto se fijaron "responsabilidades pecuniarias", de ahí que entienda "prudente" rebajar la fianza inicial.

La Audiencia, además, ha modificado sustancialmente los avales que el juez instructor reclamó a los empresarios Osvaldo Godfrid Grinberg y Jesús Bravo Méndez. Estos dos procesados operaban presuntamente como testaferros de Roca y al frente de la sociedad Aragonesa de Inversiones Jacetanas promovían una operación inmobiliaria por la que "pagaron y esperaban recuperar 5.800.000 euros". El juez instructor determinó imponer a cada uno de ellos una fianza de 5,8 millones de euros "cuando parece más lógico que de esa cantidad alzada deban responder los dos procesados" de la misma manera de la que participaban en la sociedad, de modo que ha reducido la fianza de Jesús Bravo a 3,8 millones y la de Osvaldo Godfrid a 1,9 millones.

Por lo demás, el tribunal que preside el magistrado José Godino, ponente de este último auto, no ha atendido ni uno solo de los motivos que expusieron las defensas que recurrieron el segundo auto de procesamiento. En este sentido, descarta la mayor parte de los argumentos, si bien apunta que deberá ser en el propio juicio o ya en la sentencia cuando se pronunciará sobre algunos puntos como la prolongación supuestamente indebida de las detenciones o la indefensión que ha podido ocasionar en los procesados la prolongación del secreto de sumario.

También deja para la sentencia su pronunciamiento sobre la prescripción del delito de fraude en la operación Ave María, puesto que la caducidad dependerá del conjunto de los delitos que se aprecien en esa actuación urbanística y no de uno aislado, por lo que el tribunal indica que será en el juicio oral donde se podrá comprobar si existe "conexión material o simplemente procesal entre los delitos" imputados a los acusados en esa operación.

No obstante, la sala aclara ya que no se ha producido la prescripción de los delitos fiscales que alegaba el ex teniente de alcalde, Pedro Román. En aquel caso se trata de cuotas a Hacienda que no se ingresaron en 2002, correspondientes al ejercicio de 2001, por lo que la prescripción no se produciría hasta cinco años después, o sea, en 2007, cuando el juez del caso Malaya ya había ordenado su detención.