La Audiencia de Málaga ha fijado para el próximo mes de marzo el juicio por el caso de presunta corrupción policial en la localidad malagueña de Ronda, en el que están acusadas nueve personas, cuatro de ellos policías nacionales y uno guardia civil.

La vista oral está previsto que comience en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial el día 2 de marzo y se celebre en total durante siete días, por lo que en principio se ha fijado la última sesión del juicio para el día 11 del mismo mes.

La Fiscalía pidió inicialmente 39 años de prisión para cuatro policías y un guardia civil destinados en dicho municipio, acusados por presuntamente no actuar contra clubes de alterne, a los que, además, acudían supuestamente para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o de arreglar la situación irregular de las trabajadoras.

A los acusados, entre los que figura el que fuera jefe de la Comisaría desde mayo de 2005, se les acusa de los delitos de omisión de perseguir delitos, cohecho con fines delictivo, abusos en el ejercicio de la función pública en relación a delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude.

Además también han sido acusados los tres responsables de esos locales por un delito de prostitución y una novena persona, que supuestamente acompañaba a los agentes, por un delito de tráfico de influencia.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo informaciones que "involucraban" a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres extranjeras en situación irregular, investigación que desembocó en la detención de estos acusados y de otras seis personas, para los que se archivó la causa, entre febrero y mayo de 2007.

Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007 y según la calificación inicial del fiscal, el inspector jefe, el subinspector y encargado de las secciones de Documentación y Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil "siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas" que había en tres locales de la zona, en los que se desarrollaron varias redadas.

En las conclusiones iniciales se indica que los dos agentes de la Policía Judicial se dedicaron a visitar a la dueña de uno de los clubes, también acusada, para exigirle 600 euros mensuales "bajo la amenaza de que en caso contrario instruirían diligencias contra ella", de nacionalidad marroquí y que estaba en situación irregular en el país.

También lo hicieron en los otros dos locales, según relata el ministerio público, por lo que se les acusa de omisión de perseguir delitos, de cohecho continuado y de fraude y se solicita una pena total a cada uno de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación para cargo público.

El fiscal también indica que el jefe policial, durante el tiempo en que ejerció como tal, "se dedicó a visitar como cliente los establecimientos de alterne de la ciudad", donde pedía "consumiciones y servicios sexuales que nunca pagaba".