La falta de uno o dos empleados especializados en el control e inspección de mercancías procedentes de terceros países se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para los actuales responsables del Puerto de Málaga. La preocupación está más que justificada, si se toma en consideración que la ausencia de este personal los sábados y domingos puede generar la pérdida de la carga de más de 10.000 camiones al año.

La gravedad del asunto es tal que desde hace meses el presidente del Puerto, Carlos Rubio, y la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, trabajan de manera intensa en lograr una respuesta positiva por parte de la Administración central para la contratación de estos operarios. De acuerdo con la información facilitada desde la Subdelegación, todo apunta a que "se va a resolver favorablemente", si bien no supieron precisar ni el número de funcionarios que podrán incorporarse ni los plazos en los que tendrá lugar la decisión.

En esta misma línea, Rubio, que enfatizó la labor de Gámez en este asunto, señaló que la información que le transmiten desde los estamentos gubernamentales es que "va todo por buen camino". "Este tema tiene toda la importancia del mundo", expresó el presidente del Puerto, que se encuentra con un problema ya existente en la etapa previa de Paulino Plata, su antecesor.

"Actualmente hay un montón de iniciativas comerciales del norte de África o de otros continentes que dependen de que este servicio exista y se preste; es prioritario", insistió, subrayando que para muchos operadores "es inconcebible que lleguen con un cargamento un viernes y tenga que esperar hasta el lunes porque no están esos trabajadores". La incidencia es clara, por ejemplo, en el caso de productos agrícolas, para los que "son esenciales los tiempos; si eso no se soluciona todo lo demás no tiene importancia".

Estos servicios para-aduaneros son los responsables de la labor inspectora que se realizan sobre las mercancías que llegan o salen del recinto portuario. Y ello en un marco de acción en el que el Ministerio de Sanidad obliga a inspeccionar productos destinados a uso o consumo humano, incluyendo animales vivos, productos de origen animal y productos de origen no animal cuyo destino sea el consumo animal. Sanidad también interviene en el control de posibles riesgos para la salud derivados de la importación y exportación de mercancías relacionadas con los productos farmacéuticos.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente actúa contra la introducción y propagación de organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales. Ello obliga a someter al control fitosanitario productos como plantas vivas y partes de plantas, incluidas las semillas, productos de origen vegetal no transformados o productos químicos destinados a la agricultura como fertilizantes, plaguicidas.