Urbanismo

El Ayuntamiento podrá usar los 18 millones que Unicaja le pagará a inicios de enero

  • El abono forma parte de la cantidad pendiente del convenio Sánchez Blanca

  • El nuevo acuerdo, tras meses de negociaciones, será firmado entre el 7 y el 11 del mes que viene

Vista de los terrenos de Sánchez Blanca, donde se proyectan más de 3.400 viviendas. Vista de los terrenos de Sánchez Blanca, donde se proyectan más de 3.400 viviendas.

Vista de los terrenos de Sánchez Blanca, donde se proyectan más de 3.400 viviendas.

Año y medio después de que el Ayuntamiento de Málaga ingresase 4,7 millones de euros procedentes del convenio de ampliación del centro comercial Plaza Mayor, las arcas municipales volverán a nutrirse en apenas unas semanas de otros casi 18 millones tras allanar definitivamente el camino de la operación de Sánchez Blanca, donde se proyecta la construcción de unas 3.400 viviendas.

La suma, desglosada en un principal de 11,4 millones y de otros casi 7 millones de intereses acumulados, deberá ser abonada por Gestión de Inmuebles Adquiridos (GIA), perteneciente a Unicaja, en la segunda semana del próximo mes de enero, una vez sea rubricado con la Gerencia de Urbanismo la nueva adenda al convenio urbanístico firmado en 2004.

Según fuentes municipales, esta aportación tendrá que ser directamente ingresada en el presupuesto del Consistorio, que previsiblemente será prorrogado a la espera de que el equipo de gobierno del PP negocie y acuerde el contenido de las nuevas cuentas de 2019. Este paso le permitiría realizar modificaciones presupuestarias para poder disponer de esos fondos de nuevo ingreso. Lo que no parece estar claro, según confirmó el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, es el destino que se le dará a esos fondos.

La aprobación definitiva del nuevo convenio contado con el rechazo de Málaga Ahora, Málaga para la Gente, la abstención del PSOE y Ciudadanos, y el voto favorable del PP. El pago pactado se corresponde solo con una parte de la suma que GIA (83,3% del sector), junto a un socio minoritario, que ha llevado el asunto a la vía judicial, Andria (16,6%).

Los 14,6 millones que quedaron pendientes de pago, hasta sumar 28 millones, serán abonados con 57.312 metros para VPO

De hecho, del total de 55 millones que se fijaron en el origen del acuerdo, el que fuera primer promotor de la operación, Prasa, abonó 26,7 millones, quedando pendiente otros 28 millones. Es a esta segunda suma a la que corresponden los 11,4 millones que quedarán liberados entre el 7 y 11 de enero próximo. Mientras que los restantes 14,6 millones (más intereses acumulados) serán resarcidos mediante un pago en suelo, correspondientes al 10% del aprovechamiento de la parcela y que se corresponden con 57.312 metros cuadrados de techo para vivienda de protección oficial.

Los parámetros plasmados finalmente en el documento han sido objeto de negociación durante meses después de que los dos socios privados llegasen a demandar la anulación del convenio urbanístico, anulando de ese modo el incremento de edificabilidad autorizado y, por ende, el pago de la suma económica.

"Esto es la culminación del tema de Sánchez blanca pero también del último de los convenios firmados al calor de la burbuja inmobiliaria", ha señalado el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien ha criticado que ninguno de esos acuerdos se haya cumplido "tal y como se firmó, rebajándose las obligaciones de las promotoras". Una línea argumental compartida por la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien ha destacado la rebaja de las expectativas en este convenio, al tiempo que ha puesto en duda la materialización del mismo teniendo en cuenta la existencia de uno de los socios que está en suspensión de pagos y con el tema judicializado.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha defendido el acuerdo final, ya que va a permitir "cobrar lo que nos debían", admitiendo que otra parte del dinero pendiente de pagar será sufragado mediante el aprovechamiento del 10%. "Esperamos que desarrollen el sector", ha confiado Pomares, quien ha destacado que se trata de una inyección “que viene bien a las arcas municipales”.

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