Ni la empresa mixta de limpieza Limasa ni el Ayuntamiento de la capital, que tiene el 49% de las acciones de la sociedad frente al 51% de sus socios privados (FCC, Sando y Urbaser), tienen intención de mover ficha respecto al conflicto laboral que arrastra hasta que los tribunales se pronuncien sobre el convenio colectivo, al que tanto el comité de empresa como la Junta de Andalucía se oponen a reconocerlo como tal.

Pese a la insistencia de los representantes sindicales de iniciar las negociaciones lo antes posible, puesto que el principio de acuerdo firmado entre ambas partes y que puso fin a la huelga que hubo en Navidad de 2013 vence a finales de este año, el Consistorio malagueño prefiere esperar a la sentencia del Juzgado de lo Social de Málaga al que recurrió la decisión del Gobierno andaluz de echar por tierra su intención de considerar ese documento como convenio.

Así se lo hizo saber al comité de empresa el propio concejal de Sostenibilidad Medio Ambiental, Raúl Jiménez, y el gerente de Limasa, Rafael Arjona, una reunión mantenida hace una semana y en la que al parecer se cerró definitivamente la puerta a tratar de desbloquear de forma inmediata el conflicto surgido hace ya tres años como consecuencia del convenio.

El juicio está fijado para el próximo 16 de septiembre, por lo que el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte (UGT), aseguró que "esperaremos hasta entonces para volver a exigir sentarnos". Pero quiso dejar claro que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados" y que si después de esa fecha la empresa y el Ayuntamiento siguen sin querer iniciar la negociación del convenio "convocaremos una asamblea con todos los trabajadores para que sean ellos los que decidan lo que tenemos que hacer".

La situación en el seno de la empresa no puede ser más tensa. Tras fracasar también el encuentro entre las partes en el Servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales (Sercla) de la Junta de Andalucía hace casi dos semanas, los representantes sindicales están dispuestos a llegar hasta el final en la demanda que ha puesto a Limasa en el Juzgado de lo Social de Málaga por considerar como convenio lo que "era un principio de acuerdo para poner fina una huelga y que únicamente se refería a parte del articulado".

Por si fuera poco, las declaraciones del concejal de Sostenbilidad Medioambiental en el Pleno municipal del pasado jueves, en la que puntuó con un cuatro la limpieza de la ciudad, han servido para echar más lecha al fuego. Belmonte indicó que "nos están dando la razón en lo que el comité lleva años denunciando y nunca nos han querido escuchar". En ese sentido, criticó "la desidia absoluta y la dejadez total" por parte de la gerencia de la empresa para hacer frente a las numerosas deficiencias denunciadas en el servicio de limpieza y lamentó que "no haya nadie dispuesto a dar un golpe en la mesa para acabar con esta situación".

El ambiente está más que caldeado debido a las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en la contratación de trabajadores fijos y eventuales, además de los problemas que denuncia el comité por la falta de medios y de personal en determinadas épocas del año.