La Junta de Gobierno Local, que se ha celebrado este jueves con carácter extraordinario, ha aprobado el segundo expediente de modificación de créditos del año por un importe total de 8.084.505,01 euros, de los cuales 2.961.107,18 se destinarán a políticas sociales, incluido un plan de emergencia social por importe de 2.100.000, y a financiar los medios necesarios para participar en los próximos planes de empleo. Más de la mitad del dinero procede de ahorro en intereses -más de 2 millones- y remanente de tesorería -casi 2,4 millones-.

Este expediente se someterá a votación en el pleno ordinario del mes, que se celebrará el próximo jueves 23. El anterior, por un importe total de 3.917.271,80 euros, se aprobó el 24 de marzo.

Plan de Emergencia Social

El plan de emergencia social, dotado con 2.100.000 euros, pivota sobre tres ejes: vivienda, necesidades básicas y empleo. Dentro del primero se articulará un plan de alquiler para dar cobertura inmediata a 400 familias en exclusión social. Dichas familias se mantendrían en este plan, al que se destinan 500.000 euros, hasta que tengan garantizado el acceso a una renta de trabajo suficiente para la unidad familiar o el acceso a una vivienda del parque público.

Por otra parte, 25.000 euros se destinarán a reforzar la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que lleva prestando atención a los afectados por procedimientos de ejecución de embargos por deudas hipotecarias desde 2012. El objetivo es conseguir mayor agilidad en la atención y posterior seguimiento de los casos, así como potenciar las actuaciones en materia de prevención y asesoramiento con el Colegio de Abogados.

En lo que respecta a las necesidades básicas, el presupuesto en prestaciones y ayudas económicas se incrementa en 600.000 euros para personas en situación de exclusión social, dando prioridad a la cobertura de necesidades básicas y de suministros de familias con escasos recursos. Este plan de intervención social dará cobertura a un millar de familias. Además, se incrementará otras prestaciones de emergencia social y de apoyo a la autonomía personal por importe de 387.000 euros.

Habrá una línea de apoyo a las familias malagueñas mediante bonos para alimentos, dirigidos a familias que no tienen suficiencia económica para afrontar necesidades básicas de alimentación de todos los miembros de la unidad familiar una vez descontados los importes de los pagos mensuales de hipoteca/alquiler de vivienda habitual y suministros básicos. Esta convocatoria, dotada con 100.000 euros, cubrirá a aquellas unidades familiares que tengan rentas anuales por encima de 8.114,2 euros, y cuya diferencia entre gastos e ingresos demuestre las circunstancias de insuficiencia económica que les lleva a la privación de necesidades básicas. Obviamente, las unidades familiares que se sitúan por debajo de este importe quedan cubiertas por las prestaciones ya existentes.

Se establecerá un refuerzo de 300.000 euros para atender a menores en exclusión social a través de convenios con Biberódromo y Cáritas Diocesana. Además, se destinarán 30.000 euros a reforzar la red de plazas de atención a personas sin hogar a través de la Fundación Rais. Además, se pondrán en marcha alojamientos específicos de carácter transitorio y urgente, dando soluciones excepcionales a situaciones de emergencia. Asimismo, se creará un dispositivo de detección y atención temprana con un equipo de emergencia social de trabajo en calle que realizará la primera atención y acompañamiento social hacia recursos de alojamiento.

En cuanto a empleo, con el objetivo de lograr la inserción laboral de 1.500 personas al año, partiendo de que la tasa de paro asciende a un 70,8% en la población atendida en los Servicios Sociales municipales, se destinarán 83.000 euros a prospectores de empleo cuyo trabajo irá dirigido a personas de baja cualificación y bajo nivel de empleabilidad, dándoles orientación y acciones formativas en empresas para incrementar el nivel formativo de personas en exclusión social y procurar su incorporación al mercado de trabajo. Para ello, se promocionarán iniciativas locales que potencien la formación en competencias a través de proyectos basados en las Escuelas de Segunda Oportunidad, catalizando el tejido empresarial hacia una mejor empleabilidad, cualificación profesional e integración social de la ciudadanía. Todo ello se articulará mediante convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano y Arrabal.

A través del IMFE, además, se destinarán 100.000 euros a la contratación de 12 orientadores/dinamizadores que cubrirán los 11 distritos de la ciudad, cuya función se centrará en tres líneas de actuación: orientación laboral -información y asesoramiento para la búsqueda de empleo y acceso a recursos-, dinamización de empleo -para conocer el tejido empresarial y la demanda de personal de cada zona- e inserción laboral dentro del programa municipal de formación incentivada.

Reserva para futuros planes de empleo

Por otra parte, se contemplan 798.580 euros dedicados a los planes de empleo de inclusión social y para mayores de 25 años en previsión de que la convocatoria autonómica se repita, y en función de las solicitudes realizadas por el Ayuntamiento. La partida se destinará al pago de equipos de trabajo y material, además de gestión de personal. La participación del Ayuntamiento en los dos planes sumaría 1.269 contratos, 813 por un periodo de tres meses (inclusión social) y 456 durante seis meses -mayores de 25-. Unos 37.257,18 euros van a parar a materiales utilizados durante el desarrollo de anteriores planes de empleo, concretamente pintura utilizada en los distritos Este, Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Campanillas y Puerto de la Torre.