El Ayuntamiento de Málaga no cree que el macroproyecto inmobiliario que promueve en Campanillas el empresario Antonio Martín Criado tenga encaje en este momento en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero está dispuesto a estudiarlo una vez que se apruebe definitivamente el documento.

Martín Criado, vicepresidente de Fadesa, lidera a título particular una iniciativa denominada Sociópolis para levantar 20.000 viviendas y actuaciones comerciales en 60 hectáreas de suelo en una finca de 574 hectáreas situada entre la zona de ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y el término municipal de Almogía. Para que el proyecto pueda salir adelante es imprescindible que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía acepten un cambio en la calificación de estos terrenos y lo cataloguen como urbanizable. Actualmente la finca está considerada en el Plan de Ordenación Territorial del área metropolitana como suelo agrícola incluida en la zona de protección de los regadíos del Guadalhorce.

El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, indicó ayer que es imposible contemplar la iniciativa ahora porque implica una modificación sustancial del planeamiento y obligaría a "rehacer buena parte del PGOU", por lo que sería necesario retrotraer el documento al principio de su revisión y, por tanto, retrasar la aprobación definitiva otros dos años.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo indicó que sí se podrá estudiar la propuesta una vez que el plan urbano de Málaga esté definitivamente aprobado. A partir de ese momento se podría plantear como una modificación de elementos del PGOU y, a tal efecto, sellar un convenio urbanístico con el promotor.

Martín Criado presentó en enero alegaciones tanto al Plan de Ordenación Territorial del área metropolitana de Málaga como al Plan General de Ordenación Urbana para demandar que ambos documentos acepten el proyecto. En los documentos se incide en la necesidad de ofrecer una oferta residencial de calidad para atender las expectativas de crecimiento del eje que conforman el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y la Universidad.

También se resalta que la actuación podrá en valor tanto el río Campanillas como el arroyo Cupiana y que protegerá las áreas "sensibles", o sea, aquellas de mayor pendiente y sensibilidad paisajística, así como los suelos agrícolas leñosos y no productivos, abandonados y en desuso.

En las alegaciones se precisa que se cumplen con las infraestructuras y que no existe "interés social que no impida su desarrollo". Además, se especifica que el proyecto cumple los parámetros de edificabilidad previstos en el PGOU.

Desde la Junta de Andalucía únicamente se ha precisado que se estudiarán con atención estas alegaciones "como todas las que se están recibiendo" al Plan de Ordenación Territorial. "La Consejería de Obras Públicas no valora proyectos privados que no le corresponde, se limita al cumplimiento de la legalidad", precisaron portavoces oficiales de secretaría general de Ordenación del Territorio que dirige Vicente Granados.

En relación a la propuesta para que la mitad de las 20.000 casas sean de VPO, desde la Consejería se recuerda que la reserva de vivienda protegida la deben establecer obligatoriamente los ayuntamientos en los planes generales de ordenación urbana y si un municipio no puede ofrecer suficiente suelo en este documento "puede hacer reservas adicionales, y eso es lo que hace el POT de Málaga".

De entrada, el POT no pone objeciones a proyectos urbanísticos, salvo aquellos que se refieran a zonas de protección. En este caso, la finca está afectada a la protección que pretende preservar la zona de los regadíos del Guadalhorce.