El empresario murciano Tomás Olivo y el interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, declaran hoy, entre otros, como imputados por una causa en la que el juez investiga presuntas irregularidades urbanísticas. Además, deben comparecer en el Juzgado número 1 de Marbella en calidad de imputados el empresario cordobés José María Enríquez y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes.

El juzgado investiga la adjudicación por parte del Consistorio marbellí de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la empresa General de Galerías Comerciales. Dicha actuación supuso, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio de más de 44,8 millones para las arcas municipales. Según el informe de fiscalización del Ayuntamiento y sus sociedades participadas en los años 2000 y 2001 elaborado por el citado tribunal, los bienes inmuebles salieron a subasta pública en marzo de 1996 por más de 11,5 millones.

La subasta quedó desierta y cuatro años después las parcelas fueron adjudicadas de forma directa por el alcalde, Julián Muñoz, a la empresa, siete meses después de que el Consistorio firmara un convenio en el que se consideraba deudor de esta compañía por unas supuestas obras ejecutadas. Al tratarse de una enajenación de bienes que superaba el 10% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, la Comisión de Gobierno carecía de potestad tanto para convocar la subasta como para facultar al alcalde la adjudicación, competencia del Pleno, que debía acordarlo por mayoría absoluta.