LOS firmantes del Acuerdo de Responsabilidad Social por la Economía, la Innovación y el Empleo en la Provincia de Málaga -Diputación Provincial, CEM, CCOO y UGT- han hecho balance de las actividades desarrolladas el pasado año, a la vez que proyectan las de éste.

El acuerdo data de finales de 2008 y se rubricó el 11 de febrero de 2009. Las más de 70 líneas estratégicas en que se desglosan las siete áreas temáticas del acuerdo se dividieron en cuatro grupos. Así cada uno de los firmantes es responsable de uno de los grupos de estas líneas estratégicas: I, Formación, mejora de la empleabilidad y prevención de riesgos laborales; II, Economía, Turismo, Industria e Innovación; III, Infraestructura, cohesión territorial, desarrollo local y sostenibilidad, y IV, Desarrollo rural y agrícola.

Al término de 2009, cada grupo hizo entrega de un informe con propuestas concretas y ahora en este primer semestre del nuevo año se unirán opiniones y recomendaciones de las entidades suscriptoras del acuerdo, y posteriormente el grupo de técnicos y las personas responsables de empleo también harán nuevas aportaciones, redactándose un nuevo documento, más evolucionado, del acuerdo.

Para emprender las medidas concretas que se han consensuado, los cuatro integrantes del acuerdo han optado por priorizar líneas estratégicas. Las primeras de éstas hacen referencia a promover el diálogo entre las organizaciones sociales, empresariales y la administración local para que en los convenios, contratos y acuerdos provinciales se incorporen prácticas y cláusulas de responsabilidad social y de calidad en el empleo; el fortalecimiento de acciones en prevención de riesgos laborales; la introducción de la perspectiva de género en materia de empleo, la creación de Mesas Territoriales Socialmente Responsables, el estímulo de la economía de la cooperación o la facilitación del acceso a productos y servicios financieros.

PGOU

El reciente acuerdo interinstitucional acerca del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella fue analizado el pasado día 11 en la sede de los empresarios malagueños en una jornada organizada por la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), a la que asistieron el presidente de la Asociación, José Prado; el concejal de Urbanismo de Marbella, Pablo Moro; Francisco Montero, vicepresidente de CIT-Marbella, y numerosos empresarios.

El presidente de la CEM, Vicente García Martín, dirigió la palabra a los asistentes manifestando que en Andalucía no ha existido una política de ordenación del territorio ni un urbanismo coherente y eficaz: "El desarrollo normativo ha sido errático, restrictivo e inseguro jurídicamente, no habiéndose fijado un modelo urbanístico equilibrado y sostenible".

Vicente García y José Prado destacaron que aún pesan demasiadas incertidumbres sobre la planificación urbanística en nuestra provincia y en la comunidad autónoma, con la compleja y polémica elaboración del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), los Planes de Ordenación Territoriales (POT), así como los Planes Generales de Ordenación Urbana en permanente revisión. En este contexto, la CEM, CIT-Marbella y la Asociación de Constructores y Promotores siempre han defendido la necesidad de una adecuada coordinación entre Administraciones, superando confrontaciones que tanto perjudican proyectos e inversiones públicas. Los ponentes se mostraron de acuerdo al recordar las difíciles circunstancias por las que ha pasado Marbella, y el reciente acuerdo alcanzado sobre el PGOU, a la vez que expresaron su confianza en que el proceso administrativo de puesta en marcha del Plan sea ágil, y las Administraciones competentes flexibles en su gestión y aplicación.