CUATRO grandes retos hay planteados en el mundo empresarial, en opinión de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). Retos, además, urgentes, y que de no afrontarse con prontitud conllevarán consecuencias muy graves sobre la economía española y el empleo. La primera de estas claves es la sostenibilidad de las cuentas públicas, porque la crisis ha puesto de manifiesto que un aumento sensible del gasto público no contribuye en modo alguno, sino todo lo contrario, a solucionar los problemas económicos nacionales.

El segundo reto es el de solucionar el problema de la ineficiencia -reconocida por casi todos- del mercado de trabajo, que en nuestro país se caracteriza por una rigidez que desincentiva al empleador. La falta de competitividad de nuestra economía es el tercer reto y el déficit exterior es su principal manifestación. Por último, el difícil acceso a la financiación supone el cierre de numerosas empresas pequeñas, medianas y autónomos cada día, financiación tanto para proyectos de inversión como para capital circulante.

En este panorama económico y social, la CEM propone diez medidas básicas que, de ser aplicadas, supondrían un importante cambio de tendencia. La financiación de pymes y autónomos es esencial para la continuidad de la mayor parte de los distintos sectores de actividad económica; la reforma fiscal, para posibilitar que las rentas y los beneficios no sean penalizados; la reforma del sector público, necesitado de una amplia reestructuración en el sentido de su eficiencia; también la reforma de las relaciones laborales y la mejora de la productividad, que son inexcusables si se quiere avanzar en la dirección correcta; la mejora de la competitividad y la reforma de los mercados y del sistema educativo -orientando la formación a necesidades reales de las empresas españolas, entre otros extremos-; el impulso a las inversiones en infraestructura, que tienen una gran incidencia en la mejora del aparato productivo español; la internacionalización de nuestras empresas, que sigue considerándose una asignatura pendiente; la sostenibilidad, que hace posible el desarrollo con el respeto al medio ambiente, y el refuerzo de la seguridad jurídica, o calidad institucional, imprescindible para el inversor, que en muchas ocasiones se encuentra ante incertidumbres derivadas de la indefinición del planeamiento, pugnas entre administraciones, cambios de orientación normativa, etc.

Pese a que los últimos meses de 2009 ofrecieron ciertas mejoras en algunas variables económicas, pocas, aún perviven una gran mayoría de índices muy negativos en el caso de la economía española. La falta de un plan con medidas estructurales que favoreciera un cambio de tendencia, se ha echado en falta hasta finales del mes de mayo en que el Gobierno, por fin, presentó al Congreso un paquete de medidas anticrisis que supone importantes recortes en sueldos de funcionarios y pensionistas, principalmente pero que, incluso, resulta insuficiente para la magnitud del ahorro de dinero público que se precisa, ahorro en gastos corrientes, no en inversiones productivas, que también se han limitado y que no deberían de haberse visto afectadas.

Hasta la fecha, las políticas fiscales adoptadas se han centrado en sostener la demanda, Fondo Estatal de Inversión Local, subvención de 400 euros, ayudas al alquiler, Plan 2000E, etcétera, en subsidios al mantenimiento de puestos de trabajo y prestaciones por desempleo. Pero estas medidas, que suponen importantes desembolsos a fondo perdido, sólo han podido paliar la situación temporalmente, ya que causan un fuerte deterioro de las cuentas públicas sin aportar expectativas que generasen riqueza futura.