PARA no andarnos por las ramas, no resultaría descabellado afirmar de entrada que uno de los rasgos sociopolíticos más significativos del siglo XXI, al cabo diagnóstico de otras disposiciones, es la adjudicación de una determinada calidad de ciudadanía en un contexto concreto a tenor de la profesión ideológica de los individuos que conviven en este contexto. Las doctrinas populistas tienen mucho que ver al respecto, especialmente los nacionalismos, que no dudan en reconocer la pertenencia a una comunidad no tanto por cuestiones como la residencia, el lugar de nacimiento o el emplazamiento donde se trabaja y cotiza, sino a tenor del mayor o menor apego moral respecto a la doctrina nacionalista de turno. Lo novedoso, sin embargo, no es tanto el síntoma, sino su universalización: si antaño la concreción del extranjero tenía más que ver con la comunión o rechazo en relación a las costumbres, ritos y medios de participación, sobre todo en entornos reducidos, la idea de que quien no piensa como nosotros no tiene derecho a ser de donde somos nosotros ha gozado de un extraordinario predicamento a nivel global, como respuesta, seguramente, a la vulnerabilidad suscitada por la postmodernidad primero y por la crisis de la seguridad mundial después. Así, podemos definir el populismo no sólo por la aceptación, sino por la manifestación abierta e inequívoca de este criterio: es español, catalán, andaluz, europeo, francés o vasco (ya no hace falta incluir el calificativo buen antes del localizador) quien piensa de una determinada manera; y quien sostiene una opinión contraria únicamente puede acogerse al estatuto de extranjería. Más allá del populismo, sin embargo, perduran en el discurso político tentaciones próximas a la identificación de un territorio con una ideología o, para ser más exactos, su concreción práctica. Y digo perdura porque estas tentaciones no tienen tanto que ver con el populismo contemporáneo como con aquel viejo recelo al discrepante como extranjero en grupos humanos pequeños donde el sentido de vecindad representaba casi una garantía de supervivencia. Así, es habitual en Málaga, todavía, escuchar discursos en los que se conmina a hablar bien de la ciudad, a no contaminar su imagen de paraíso turístico, dado todo lo que económicamente hay en juego. El último vino hace una semana, en el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento, de la mano de la portavoz de Ciudadanos y concejal de Cultura y Deportes Noelia Losada, quien abundó en la necesidad de “hablar bien de Málaga” y de “evitar mensajes negativos que hoy día, con tanta sobreinformación, pueden ser contraproducentes”.

La idea de que quien no piensa como nosotros no tiene derecho a ser de donde somos nosotros ha tenido un extraordinario predicamento a nivel global

Lo curioso es que los comentarios relativos a Málaga en cualquier foro suelen ser más que positivos tanto entre residentes como entre turistas, pero Losada, sospecho, se refería a otra cosa. Y a lo mejor, entonces, conviene insistir en que criticar determinadas políticas no significa criticar a Málaga. En que denunciar los precios de la vivienda, la deshumanización del centro, la suciedad, la falta de zonas verdes accesibles para los vecinos y la transformación de la mayor parte de las áreas históricas en un sambódromo permanente no significa atentar contra Málaga, sino contra determinadas decisiones, o para ser más exactos la ausencia de otras decisiones que acusan una urgencia determinante. Y si aceptamos que hablar mal de éstas y otras políticas significa hablar mal de Málaga, lo que tenemos es un caso de despotismo tan ensimismado que cree cual dogma de fe en la identificación de Málaga con el poder político y que, claro, actúa en consecuencia. El discurso establece así una peliaguda censura previa: rechazar una actuación política dada en una dirección determinada significa tener una intención malévola respecto a Málaga. Un poco como los inquisidores para los que definir la existencia de ciertas órbitas celestes significaba desmentir el contenido de la Biblia. Después, claro, quien no habla bien de Málaga ya no tiene derecho a ser considerado malagueño, ni bueno ni malo. A lo mejor si aparcamos de una vez estos discursos, llamamos a las cosas por su nombre y nos ponemos a trabajar en serio tendremos una Málaga más amable para todos. Porque de eso se trata, ¿no?