La Audiencia Provincial ha dado el carpetazo definitivo a la causa abierta contra los anteriores gestores del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) por presuntas irregularidades en la compra de líquidos para apagar incendios, después de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga archivara el caso en el mes de mayo.

Los actuales dirigentes del Consorcio apelaron el archivo del procedimiento, por lo que ahora la Audiencia de Málaga se ha pronunciado desestimando el recursos de apelación y ratificando el sobreseimiento y archivo de la causa "por entenderse que no había quedado suficientemente justificada la perpetración de delito que había dado lugar a la formación de la causa".

El procedimiento se remonta a una denuncia presentada por el CPB en la que se señalaban supuestas irregularidades detectadas por una auditoria en la compra de un líquido para apagar incendios. La adquisición se había contabilizado con tres facturas diferentes, por lo que al sumar la cantidad, se estimaba que superaba el límite establecido para contrataciones directas, por lo que la compra debería haberse realizado mediante un concurso público. También señalaba la denuncia que la empresa había iniciado su actividad "pocos meses antes del encargo" y que en todo ese ejercicio la facturación se correspondió en más de un 70% a esta adquisición realizada por el CPB.

El juzgado de instrucción apuntó, al igual que lo hizo el fiscal, que el producto adquirido no tenía otros suministradores en España por lo que estaría exento de concurso público. En todo caso, el auto de la Audiencia Provincial habla de que la tramitación y distribución de los importes "podría determinar irregularidad o ilegalidad administrativa" y no de tipo delictivo. Y añade que no queda acreditado que los imputados designaran a la empresa "con ánimo de lucro" ni que la finalidad de la compra fuera defraudar o menoscabar el buen destino de los fondos públicos. Además se ponía en duda la recepción del producto, algo que quedó acreditado tras las primeras investigaciones policiales, con las que se dio por "íntegramente entregado".

En la causa estaban imputados José Luis Cámara, ex gerente del CPB; Cristóbal Guerrero, ex presidente; Ascensión Nevado, secretaria-interventora; Francisco Márquez Barea, ex alcalde Cortes de la Frontera y ex diputado provincial; así como al director y administradora de la empresa que suministró el material.