A las puertas del Ayuntamiento, una veintena de manifestantes cubanos desbancaban el grito de guerra de Fidel Castro. El “Patria o muerte”, que entonó el dictador hace seis décadas, se ha convertido en el “Patria y vida”, un lema que ha llegado hasta las pancartas de los manifestantes en la capital. Sin embargo, las proclamas de “¡Abajo la dictadura!” y “¡Queremos democracia!” no silenciaban las incógnitas que giraban en torno a un nombre propio: el de Juan Cassá.

El sentido de su voto, tras la sorpresa dada en la comisión de Ordenación del Territorio, focalizaba casi toda la atención. Unas dudas que no habían encontrado respuestas en las preguntas de los días anteriores. ¿Sabe ya que va a hacer el señor Cassá?, cuestionaban los periodistas en la presentación de las mociones.

La noticia es que no hubo noticia, y a estas alturas de la temporada, tras los últimos capítulos vividos, merece mención. O al menos en lo que a las iniciativas que atendían al gobierno, porque Cassá se abstuvo en la propuesta del grupo municipal socialista en la que se instaba a la Junta a realizar transferencias directas a los ayuntamientos para ayudar a las administraciones. Sin embargo, durante el resto del debate, el escaño del edil no adscrito se pintó de verde, rojo y amarillo a la par que el equipo de gobierno. No hubo voto disonante. Se disiparon las dudas y la atención del último pleno antes del verano volvió a centrarse en la situación de la Isla. Precisamente, en las mociones presentadas por el PP y Ciudadanos coincidieron los momentos de más tensión del debate. Maribel Reyes, en representación de los cubanos contrarios al régimen, defendió que los que se han levantado pidiendo libertad no han sido delincuentes y mercenarios “a suelo del Imperio Americano”, sino un pueblo que “sufre la cruel dictadura”.

La concejala de Participación, Ruth Sarabia, dijo que “no podemos llenarnos la boca de sacar datos” de la dictadura franquista, de sacar a personas que llevan años enterradas. La reacción de la oposición fue unánime, escuchándose los reproches por encima del sonido de los altavoces. No quedó ahí, la intervención de Remedios Ramos, de Adelante Málaga, generó que el grupo municipal popular se llevara las manos a la cabeza, de forma coordinada, escuchando las palabras de la concejala, quien se refirió a las relaciones de los gobiernos de Suárez, González y Aznar con "el sanguinario Castro", dijo ironizando: “Tenemos los asperones sin luz, sin nombres en las calles y están poniendo los ojos en Cuba, donde hay cero malnutrición infantil. Ya quisiéramos tener en Málaga el índice de alfabetización que tienen en Cuba”, afirmó entre el bullicio, mientras defendía que la situación que se vive en la isla se debe al bloqueo de los Estados Únicos. Incluso llegó a asegurar que, en España, la policía sería “más contundente” con los manifestantes.

Noelia Losada, de Ciudadanos, reprochó que vean como dictadores solo a los de derechas. Desde el PSOE expresaron el apoyo al pueblo cubano a la par que criticaron la actitud del PP con respecto al Gobierno de España: “Son ustedes la oposición más irresponsable en materia de política exterior”. Finalmente fue aprobado con los votos a favor de PP y Ciudadanos frente al rechazo de los socialistas y Adelante Málaga.

Sin embargo, el resto de las mociones urgentes el debate se desarrolló con relativa calma. Con los votos de los populares, la formación naranja y Juan Cassá, la propuesta de Adelante Málaga de llevar a cabo una consulta ciudadana sobre el plan Málaga Litoral quedó rechazada. Un proyecto con el que se pretende soterrar el tráfico en la zona de la costa. Un “megaproyecto faraónico” en palabras de la portavoz, Francisca Macías, que contaría con una inversión pública y privada de 441 millones de euros. En este punto, Cassá tomó la palabra para dejar constancia de que su visión de ciudad es “totalmente distinta a la del grupo Podemos”: “Hablan de políticas que no tienen nada que ver con la inversión, sino con el gasto. Es un proyecto ilusionante que va ayudarnos a generar empleo y dinamismo. Vamos a seguir apostando por la colaboración público privada, que es el único modelo que evita que se sangren las arcas públicas y se arruinen instituciones”. El PSOE se mostró crítico con el proyecto, preguntándose el socialista Ruiz Araújo si Málaga estaba preparada para abrir en canal la principal arteria que une las zonas este oeste durante 20 años. El acuerdo sí que fue posible en los puntos 2 y 3, referidos a que se continúe con el proceso de participación con respecto a la financiación.  

No hubo sobresaltos en la moción relativa a las mejoras en el proyecto de Trazado en los enlaces AP-46 y MA-20 y AP-46 con MA-3404 para hacerlas llegar al Ministerio de Transporte. Defendió el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, la “oportunidad de mejora” que presenta el estudio, haciendo un llamamiento a la unanimidad que fue desatendido. En la izquierda, Mariano Ruiz Araujo, expuso que se trata de una herramienta de presión al Gobierno y que la intervención debía llevarse a cabo a través de fondos que posee el Ayuntamiento o de la Junta: “El señor Moreno Bonilla no da in un euro para Málaga”, subrayó. Con la abstención de Adelante Málaga, y el voto favorable de Ciudadanos, la moción salió adelante.

Entre los temas urgentes del grupo socialista, la financiación del Ayuntamiento se posicionaba en cabeza. El portavoz, Daniel Pérez, se refirió a la decisión de la Comisión Nacional de aumentar en 22 mil millones de euros las asignaciones a los Ayuntamientos: “Un récord histórico”, puntualizó. A la par, pidió al alcalde, Francisco de la Torre, que  también “mandara cartas” a Moreno Bonilla igual que a los anteriores gobiernos de la Junta. Volvió a mencionar el informe Gestrisam, un estudio que, en palabras de Pérez “se ocultó” por parte del regidor y que incluía un déficit en el consistorio de 39 millones de euros. Desde la bancada Popular, Conde respondió que esa cifra forma parte de una de las seis hipótesis que se planteaban, que van desde los 3 millones hasta los 56: “Nos está diciendo que el Gobierno de España no nos devuelva la PIE y que la Junta lo asuma”, alegó Conde. Tras la inclusión de una serie de cambios por parte del PSOE, la moción quedó tumbada con los votos en contra del PP y Ciudadanos.