Los centros residenciales de menores tutelados están pasando un momento más que complicado. Desde el mes de noviembre no reciben el convenio de las plazas por parte de la Junta de Andalucía. Según los 12 centros y las tres entidades que forman parte de la Plataforma para la Protección de Menores, la Administración regional les debe más de 1,2 millones de euros de las 194 plazas que tienen concertadas. "De ahí se saca la ropa, la comida, la higiene de los menores", explica Santiago Ruiz, presidente de Ecogrin Justicia Social, entidad que trabaja para la defensa de los derechos de la infancia y que forma parte de la plataforma. Según Ruiz, "las entidades están intentando subsanar esta falta con dinero propio, cogiendo de otros programas, pidiendo a los proveedores que aguanten, debiéndoles facturas o no pagando a los trabajadores", y todo esto va "en detrimento de la atención que se da a los menores".

Según las explicaciones que les ha ofrecido la Junta de Andalucía, el retraso se debe a que "ha habido un cambio en el sistema de pagos y que esos retrasos son los que hay, que es un fallo administrativo", apunta Santiago Ruiz. Sin embargo, señala que "no nos ofrecen garantías de que no vuelva a pasar". Según un comunicado que hicieron llegar a las entidades, "dijeron que en estos días nos pagarán, pero ya llevamos tres meses", agrega el presidente de Ecogrin Justicia Social.

Del dinero de cada plaza no sólo sale el presupuesto para el mantenimiento del centro y de los menores, sino también para pagar el sueldo de los trabajadores. Siempre se les ha pagado mensualmente y no conocían una situación de retraso similar desde 2008. "Se produce además la insostenible situación de que las asociaciones que gestionan estas residencias y hogares son las que financian los gastos que por ley tienen encomendados el Gobierno autonómico, incumpliéndose así los propios contratos que la Junta estableció", explicaron los afectados en un comunicado.

Los impagos agravan los recortes que ya denunciaron el año pasado y que siguen sin hallar una mejora. "Continuamos con la situación en la que nos quedamos el año pasado, con los recortes de febrero de 2014, la misma situación de precariedad absoluta dentro del sistema", lamenta Ruiz, que también apunta la necesidad de un mayor apoyo a un área que trabaja con menores que, además, vienen "de circunstancias graves y complejas".