Málaga

El nuevo Código Penal recortará 300 condenas por tráfico de drogas

  • Las sanciones que castigan la venta de cocaína y heroína se reducen de un máximo de nueve años a seis · El 15% de las sentencias de Málaga, afectadas por la revisión

Unas 300 condenas dictadas por tribunales de Málaga por tráfico de cocaína y heroína a pequeña escala se verán reducidas gracias a los cambios que introduce el nuevo Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. El todavía vigente artículo 368 de este código contempla entre tres y nueve años de prisión para aquellas personas que cultiven, elaboren, trafiquen o, en definitiva, faciliten el consumo ilegal de aquellas drogas que se consideran que causan grave daño a la salud. En este apartado figuran la cocaína, la heroína y los psicotrópicos. La reforma rebaja esas penas a una horquilla que oscila entre los tres y seis años de privación de libertad.

La Fiscalía de Málaga comenzó hace una semana a revisar las sentencias susceptibles de ser rebajadas y, de acuerdo con las primeras estimaciones, se considera que entre el 10 y 20% de las condenas impuestas por tráfico de drogas por la Audiencia y que actualmente están en fase de ejecución podrán verse favorecidas por la nueva normativa.

Cada una de las cuatro secciones penales de la Audiencia de Málaga está remitiendo a la Fiscalía entre 300 y 400 sentencias condenatorias de estas características. Por tanto, el promedio de sentencias afectadas se sitúa en torno a las 300.

"Esto no quiere decir necesariamente que al día siguiente de que entre en vigor el nuevo Código Penal haya presos que abandonen la cárcel, que también los habrá. Lo que significa es que un número importante de condenados adelantarán la fecha en la que podrán recobrar la libertad", advierte uno de los fiscales encargados de esta operación de reestudio de sentencias afectadas por las modificaciones legales.

Es decir, quien, por ejemplo, haya comenzado este año a cumplir una condena de nueve años que expiraría en 2019 y vea recortada su pena a seis años y podrá saldar sus cuentas con la Justicia en 2016.

El cambio, además, implicará un gran movimiento en la revisión de las condiciones carcelarias, porque obligará a recalcular en todos estos casos los periodos necesarios para que los presos consigan permisos penitenciarios, el tercer grado penitenciario y, finalmente, la libertad condicional.

Además de las sentencias por tráfico de droga que causan grave daño, también son susceptibles de ser revisadas las impuestas por delitos contra la propiedad industrial que pasarán a ser consideradas falta cuando se hayan conseguido beneficios inferiores a 400 euros y las que sancionan delitos de seguridad vial. En este último apartado el Código Penal preveía la posibilidad de simultanear la prisión y los trabajos en beneficio de la comunidad. A partir de ahora, en cambio, los tribunales impondrán una u otra opción.

La Fiscalía remitió a las diferentes secciones de la Audiencia y a los juzgados de lo penal un escrito en el que les conminaba a enviarles todas aquellas sentencias que previsiblemente se verán beneficiadas por el nuevo Código Penal.

Esta invitación provocó una avalancha de expedientes en las dependencias del Ministerio Fiscal en Málaga. Los tribunales empezaron a enviar todas las sentencias que estaban en proceso de ejecución sin distinguir si se veían o no afectadas por los cambios normativos.

"La situación ya se ha corregido. Tanto las salas de la Audiencia como los juzgados de lo penal están realizando un trabajo previo de control", apuntaba ayer el flamante coordinador del área de ejecutorias de la Fiscalía de Málaga, Javier de Torres, que comparte esta responsabilidad con la coordinación de la sección especializada en seguridad vial.

No obstante, De Torres subraya que el análisis de estas condenas y el control en general de las ejecutorias supone un trabajo ingente "para un servicio que está muy corto de medios". En este sentido, la Fiscalía ha pedido un refuerzo de cinco fiscales y cinco funcionarios para esta sección.

La creación del área de ejecutorias está relacionada con el grave atasco que sufre la Administración de Justicia en este apartado. En la actualidad los juzgados de lo penal de Málaga acumulan cerca de 19.000 sentencias sin ejecutar. Desde 2005 el volumen de condenas firmes sin cumplirse en los juzgados ha aumentado un 126%.

El ritmo de crecimiento apenas si se ha logrado amortiguar algo a lo largo del último año, previsiblemente tras las medidas de refuerzo que se aplicaron en los juzgados de lo penal tras conocerse el caso Mariluz.

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