La Audiencia de Málaga comenzó ayer un macrojuicio a una veintena de personas a las que la Fiscalía acusa de varios delitos de prostitución por su presunta relación con la gestión de tres supuestos clubes de alterne, ubicados en la provincia de Málaga y de Córdoba. El ministerio fiscal acusa en este proceso al supuesto responsable de los tres locales, al que achaca 166 delitos de prostitución, además de los de asociación ilícita, contra la salud pública y contra el derecho de los trabajadores, que en total suman unos 680 años de cárcel.

Asimismo, también están siendo juzgados los supuestos encargados de cada uno de los clubes y otros empleados que trataban directamente con las mujeres, algunas de las cuales también están procesadas en esta causa por un delito de tráfico de drogas. El juicio comenzó ayer con la fase de cuestiones previas, en la que los abogados de los acusados han pedido la nulidad del caso por vulneración de derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia y el de defensa; y han puesto en duda toda la investigación y actuación realizada por Policía y Fiscalía. La vista oral volverá a retomarse previsiblemente el día 22.

Para el fiscal, según consta en sus conclusiones iniciales, varios de los acusados venían encargándose del negocio desde los años 90, a través de la constitución de sociedades que eran las que gestionaban dichos clubes, teniendo una estructura jerarquizada. El supuesto responsable de los clubes era el que gestionaba todo el negocio y, según la acusación pública, con esa actividad presuntamente logró tener un patrimonio superior a los 18 millones de euros entre 1995 y 2009, "con la utilización de personas interpuestas".

El ministerio fiscal sostiene que las mujeres elegidas para la prostitución "no tenían libertad en cuanto a la forma y las condiciones", ya que supuestamente les imponían horarios, "soportando jornadas laborales excesivas"; precios y tipo de vestuario. La situación para las que no tenían papeles "era aún más gravosa", ya que "no se atrevían a denunciar". Además, entregaban parte de la recaudación y debían someterse a un reconocimiento médico periódico, además de rotar entre los tres clubes. También recibían instrucciones de lo que debían decir si había inspecciones, señala la acusación publica, apuntando que les decían que manifestaran que vivían todas en dicho establecimiento.

Asimismo, el fiscal sostiene que los responsables de los locales fomentaban el consumo de drogas, ya que indicaban que supuestamente eso hacía que los clientes incrementaran el gasto en consumiciones y servicios sexuales.