Las presiones políticas que recibe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), especialmente ante la sanción que debe imponer al juez Tirado de Sevilla, y la falta de medios materiales y humanos que asuelan los juzgados. Estos son los contenidos del escrito de protesta rubricado por los jueces decanos andaluces y que el próximo día 21 de octubre será sometido al visto bueno de todos los magistrados malagueños (el mismo día en todo el territorio nacional) en una junta general.

En esta reunión, los jueces prevén estudiar medidas de cara a "defender la independencia judicial y para que cesen las injerencias políticas, que creemos que pueden responder a un intento de encubrir los medios materiales y humanos que padecemos", según valora el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald.

Los jueces no quieren que se les tache de corporativistas, pero no están dispuestos a pasar por alto las dificultades que atraviesan por el colapso y sobresaturación de los juzgados. "No se trata de corporativismo, sino de insistir en que no tenemos medios materiales ni humanos para hacer nuestro trabajo", reitera el juez decano de Málaga.

El mismo día 21 de octubre y, también en todos los juzgados españoles, hay convocado un paro de tres horas por parte de los secretarios judiciales. La medida ha sido adoptada por este colectivo profesional para protestar por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a la secretaria del juzgado de Sevilla por su actuación en el caso Mari Luz.

Tras la junta general, los jueces de la provincia han previsto dar una rueda de prensa para anunciar las medidas que adoptarán.