El mercadillo de propuestas en el que los partidos políticos y las administraciones públicas parecen haber convertido la carrera electoral en la provincia de Málaga tuvo ayer un ejemplo más. El director general de Costas, José Fernández, visitó la capital de la Costa del Sol para presentar ante varios colectivos y representantes institucionales las actuaciones que su departamento ha diseñado para ordenar el litoral de la ciudad en el próximo mandato. Y lo hizo cuando restaban apenas horas para que se diese el pistoletazo de salida a la campaña y sin saber si continuará en el cargo.

El documento, que prevé inversiones por encima de los 120 millones de euros, incorpora como una de sus intervenciones estelares la ampliación de las playas de El Palo y Pedregalejo. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente carece en estos momentos de proyecto alguno para impulsar esta actuación y, según el PSOE, sólo existe una cuantía en los Presupuestos Generales para 2008 para sacar a concurso su redacción.

La actuación que ayer expuso Fernández permitiría ganar al mar una franja de 30 metros, modificando la actual linde del dominio público marítimo terrestre, y "adecuando el actual frente litoral". Pero esta obra, según admitió el responsable de Costas, podría traer consigo un efecto importante: la solución jurídica para las 400 casas originariamente de pescadores que se levantan de forma ilegal.

"Confío en que este proyecto produzca una situación estable para los vecinos", dijo el director general de Costas en relación a un asunto que en las últimas décadas se ha convertido en una sombra de temor para decenas de familias. Aunque no se atrevió a garantizar que la idea traiga consigo la legalización de las casas, sí admitió que es una "condición sine qua non para alumbrar una respuesta jurídica".

La información aportada cifra la hipotética inversión en 80 millones de euros y el plazo de ejecución en 40 meses. La idea inicial pasa por ordenar la zona de servidumbre marítima y definir los accesos a la costa esponjando el barrio en puntos adecuados y por recuperar ambientalmente las dos playas aportando arena, demoliendo los actuales espigones y la construcción de una nueva solución para crear una playa rectilínea. En relación a posibles demoliciones en estos espacios, Fernández aseguró que en ningún caso Costas ha planteado acciones de derribo.

La intervención sobre El Palo y Pedregalejo forma parte de un paquete integrado por once iniciativas, muchas de las cuales ya han sido impulsadas a lo largo del mandato que acaba de finalizar. De la zona occidental a la oriental, Costas apuesta por rehabilitar los espacios del dominio público de La Cizaña, con las playas de Los Álamos y El Cañuelo, y el Campo de Golf, al tiempo que recuperará 80.000 metros cuadrados de Arraijanal. La apuesta está valorada en 14 millones y el plazo es de 24 meses.

En la zona de Guadalmar se propone retranquear el paseo marítimo y reubicar las instalaciones de playa. El importe es de 3 millones y el plazo de 18 meses. La Administración central apuesta también por construir un paseo peatonal sobre la desembocadura del río Guadalhorce, mientras en la playa de La Misericordia prevé recuperar 44.000 metros cuadrados de dominio público y prolongar el Paseo Marítimo de Poniente entre el espigón de la Térmica y Sacaba Beach.

Costas se compromete a ejecutar la estabilización de la playa de La Caleta, actuación valorada en 10,4 millones. A esta cuantía se suman otros 15 millones que podría costar la remodelación del paseo marítimo y la posible recuperación del espacio que ocupa el restaurante Antonio Martín.