Cualquier sitio parece ser bueno para dejar los restos de obras, excavaciones o escombros de reformas domésticas. La falta de vertederos específicos para depositar estos residuos inertes convierten a los montes, laderas y bordes de carreteras o algún solar abandonado en el blanco perfecto de los que quieren deshacerse de ellos. La crisis que sufre el sector de la construcción en la Costa del Sol ha mitigado en parte el grave problema en el que se estaba convirtiendo el deshacerse de todos estos materiales y hasta medio millar de escombreras ilegales han llegado a salpicar el territorio provincial en los últimos años.

La Unión Europea obligaba a tener cerrados todos estos vertederos sin control antes de 2006, pero como suele ser habitual el cumplimiento de la normativa casi siempre va con retraso. Muy pocos son los municipios que cuentan con un punto donde poder depositar y tratar tal cantidad de escombros.

Aunque con algunos años de retraso con respecto a lo que marcaba la directiva comunitaria de 1999, la Diputación provincial de Málaga quiere poner en marcha el plan director provincial de residuos específicos que ya planteó hace siete años pero que se quedó en el limbo por falta de financiación.

Ahora ha solicitado ayuda a la Unión Europea a través de los fondos Feder para poder financiar los 9,3 millones de euros necesarios para abarcar un proyecto mucho más ambicioso, titulado Málaga+Sostenible, y que plantea mejorar la sostenibilidad ambiental de un total de 87 municipios de la provincia mediante la optimización y la gestión sostenible de todo tipo de residuos.

Y en esta iniciativa los escombros tendrán un gran protagonismo porque los datos son demoledores. Restos de derribos de edificios o de rechazos de materiales de construcción de obras de nueva planta o urbanizaciones, y escombros de reparaciones domiciliarias que suelen ir acompañados de otros residuos voluminosos como electrodomésticos, muebles y colchones forman un volumen demasiado grande como para dejarlos abandonados en zonas no autorizadas sin ningún tipo de control. Según los datos que manejaba la propia Diputación provincial de Málaga en 2004, cuando aún no se había producido el mayor repunte en el sector de la construcción, la provincia generaba alrededor de 600.000 toneladas de escombros y restos de obra al año. Sólo Málaga capital y la Costa del Sol occidental generaban la mayoría de estos residuos inertes con una media que rondaba los 485 kilogramos por habitante y año, mientras que en el resto de la provincia la cifra se situaba en los 280 kilos anuales por persona.

Ahora probablemente la cifra sea menor pero aún así, la idea de la Diputación es crear una red de puntos tanto fijos como móviles para que empresas y ciudadanos de a pie puedan depositar de forma legal estos restos que luego podrán volver a ser reutilizados una vez que sean tratados correctamente.

Además de la planta de tratamiento de inertes que ya existe en el centro ambiental de Valsequillo en Antequera, el ente supramunicipal hará otra fija que abarque la zona de la Axarquía y que probablemente tenga su sede en Vélez-Málaga, y otra en Ronda. Pero además, cada planta fija irá acompañada de otras móviles que actuarán como estaciones de transferencia intermedia en aquellas zonas que por dificultades de acceso o distancia al centro de tratamiento y vertido no resulta económicamente viable, explicó el diputado provincial de Medio Ambiente, Miguel Esteban. Es el caso, por ejemplo de Campillos y Archidona donde se han previsto dos de estos puntos móviles.

Y es que además del enorme impacto visual y paisajístico que produce el vertido incontrolado de lo escombros, otro de los problemas que se derivan es el despilfarro de una gran cantidad de materias primas que no se reciclan. Bien tratados tienen una segunda oportunidad como material de relleno en la red viaria, instalaciones deportivas o vaguadas.

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