Málaga

Defensas de acusados de blanqueo alegan desconocimiento de supuestos actos delictivos de Roca

  • Critican que se parte de que todo el patrimonio del principal acusado es ilícito

Las defensas de varios procesados en el caso 'Malaya', acusados de blanquear dinero del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, han alegado el desconocimiento de sus clientes de unas supuestas actividades delictivas del principal acusado y, además, han considerado que las acusaciones han hecho imputaciones generales y parten de que todos los fondos utilizados para llevar a cabo determinados negocios tenían un origen ilícito.

En la sesión de este lunes, han expuesto sus informes finales los letrados de los procesados Alexandra Von Bismark, el galerista de arte Pedro Peña, los abogados Antonio y Eduardo Abril Cumpian y los presuntos testaferros Óscar y José Luis Benavente, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de blanqueo de capitales; así como las defensas de los exediles María José Lanzat y Rafael Calleja, acusados de cohecho.

El letrado de Von Bismark, para la que ha pedido una sentencia absolutoria, ha señalado que "no hay soporte alguno para indicar que podía saber que el señor Roca estaba implicado en actividades delictivas" cuando en 1997 firmó un contrato de compraventa de unos terrenos con una empresa vinculada a Roca, destacando que eran "ocho años antes" del inicio de la investigación de 'Malaya'. Además, ha dicho que no hay los requisitos del delito de blanqueo.

Ha apuntado que ella "no tiene el dominio del hecho para cometer o impedir un delito de blanqueo", puesto que en las fechas de los últimos pagos del contrato ya no es administradora de la sociedad ni era la gestora del patrimonio de la misma. Por esto, ha considerado que su actuación fue "lícita dentro del campo del derecho mercantil", destacando que han pasado 15 años desde el origen de este negocio, aunque los pagos se fraccionaran.

A ese mismo desconocimiento ha aludido este abogado respecto de otro de sus clientes, el galerista Pedro Peña, preguntándose si las acusaciones hablan de la vinculación con Roca tras supuestamente colaborar éste en el pago de la fianza de Roca en 2002, "cómo ese conocimiento puede retrotraerse al año 2000 o 2001", cuando se realizaron algunas operaciones de venta, recordando que se ha informado correctamente a la Agencia Tributaria.

Esta defensa ha señalado que no se puede decir "que como todo procede de Roca, todo está aquí manchado y viene envenenado y contaminado", insistiendo en que "eso no es lo que dice el Código Penal". También respecto al origen de los fondos, se ha pronunciado la defensa de Óscar Benavente, considerado uno de los principales testaferros de Roca, quien ha asegurado que las acusaciones eran las que debían acreditar la procedencia delictiva de los fondos.

En este sentido, ha dicho que "no podemos presumir que la totalidad del patrimonio de Juan Antonio Roca tenga una fuente ilícita", más cuando, según ha explicado, hay datos de que parte no era de esa procedencia, indicando que el que no se justifique un patrimonio no debe ser entendido como que tiene un origen delictivo. Ha explicado que la legislación "obliga a estimar qué parte de bienes tienen origen lícito y cuáles no y esa tarea no ha sido realizada".

Ha indicado que se ha hecho una imputación "genérica, global", partiendo de que "todos los fondos se han considerado de origen delictivo". Así, ha dicho que las empresas vinculadas a Roca ya tenían un patrimonio previo dentro de la economía legal cuando Benavente asumió las tareas de administración y ha asegurado que éste no era responsable económico de las sociedades. EL CONOCIMIENTO EN LOS CONCEJALES

Respecto al exedil Rafael Calleja, este mismo letrado ha dicho que "está claro" que su cliente "no dominó el urbanismo" y ha señalado que es necesario probar "con datos objetivos" que los concejales que votaron determinado acuerdo o concesión de licencia "no podían desconocer su ilegalidad", mientras que ha recordado que todos los expedientes que llegaban a la Comisión de Gobierno contaban con informes jurídicos.

"Es cierto que era un desorden total, podemos aceptar que no es la forma más ortodoxa de dirigir un Ayuntamiento, pero estamos en una sede penal y lo que tenemos que determinar son responsabilidades penales", ha aseverado esta defensa, quien ha considerado, además, que a las acusaciones les ha faltado concretar e individualizar la responsabilidad de cada acusado, ya que "no se han preocupado de establecer de qué acto administrativo estamos hablando".

El abogado de la exedil María José Lanzat ha pedido una sentencia absolutoria porque "no hay pruebas de que haya recibido dinero de Roca", recordando que una defensa ha señalado similitudes de las cantidades supuestamente recibidas con las cuentas del exconcejal del PA Carlos Fernández --fugado-- y que los investigadores admitieron como posible que el dinero no llegara a su cliente. "Tan hipótesis es decir que no ha recibido dinero de Roca como decir que lo ha recibido", ha dicho.

Ha pedido la nulidad de los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores y ha asegurado que las acusaciones parten de cuatro presunciones concatenadas, como son que las iniciales incluidas en los archivos Maras se corresponden a ella, que las cantidades se refieren a dinero dado por Roca, que efectivamente éste dirigió ese dinero a su cliente y que Lanzat "no era una persona honesta y lo aceptó", pero "sin que haya ningún dato objetivo que las ratifique".

Los letrados han dicho a la Sala que tiene "el lastre de una instrucción irregular", ya que, según la defensa de Calleja, "ha habido preocupación por incorporar a la causa circunstancias adversas al reo y ninguna favorable", por lo que ha señalado que la investigación ha sido "unidireccional". Además, ha apuntado que la sentencia será "compleja" por "haberse construido un macroproceso que produce disfunciones que se podían haber evitado".

No obstante, han considerado que el Tribunal ha dado "muestras brillantes de lo que debe ser una administración de justicia que borre, anule y haga olvidar la oscuridad y las actuaciones tenebrosas que nos han precedido", ha puesto de manifiesto el abogado de Bismark, quien ha estimado que "la sentencia pondrá paz jurídica que buena falta hace en esta cuestión".

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