La saturación que arrastran los juzgados de lo Mercantil de la provincia ya no es siquiera una novedad. Desde que la crisis hiciera mella en el país, los asuntos se han multiplicado y si hace unos años eran los concursos de acreedores los que llenaban sus estanterías, poco a poco en éstas se ha ido haciendo un hueco a las demandas contra los bancos por las llamadas cláusulas suelo. El señalamiento de una audiencia previa para enero de 2017, cuando la demanda contra la entidad financiera había sido registrada en el Juzgado de lo Mercantil número 1 en julio de 2014, hizo que el abogado malagueño Carlos Cómitre, del Bufete Ley 57, acudiera al Defensor del Pueblo Andaluz. Unos meses después, su protesta ha tenido respuesta. La institución ha "incoado queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, expediente que se encuentra en estos momentos en plena tramitación", en relación con la "situación que padecen los órganos judiciales de lo Mercantil de Málaga".

En la contestación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, al letrado se le expone que ha comprobado en el juzgado que efectivamente las audiencias previas de los asuntos ingresados se están fijando para 2017; lo que "en principio pudiera parecer que se trata de un error, comprobado en sede judicial, parece no serlo", concreta.

El mismo juzgado, además de verificar el caso denunciado por Cómitre, le ha expuesto al Defensor la situación con un informe realizado por los magistrados y el secretario. En él le exponen que en ningún caso se trata de "un hecho aislado", sino que a pesar de "la celeridad" con la que se están tramitando los casos en el juzgado "el cúmulo de asuntos de nueva entrada, en especial cláusulas suelo" ha agravado la situación del juzgado, que ha pasado de lo "intolerable a lo inasumible". A pesar de los ratios de resolución "muy superiores a la media, agrupar señalamientos y en general emplear cuantos mecanismos de agenda pueden estar al alcance de quienes suscribimos, se están señalando audiencias previas para abril de 2017", continúa el informe. Los magistrados también hacen referencia al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mayo de 2011, en el que se hablaba de la necesidad de crear nuevos juzgados de lo Mercantil en Málaga. Pero lejos de adoptarse esas medidas, que se catalogaron de "inmediatas y urgentes" lo que se hizo, continúa el informe del juzgado, fue cesar al secretario judicial de apoyo con el que contaba.

De los procedimientos referidos a demandas de particulares contra los bancos, el juzgado estima que se han incoado unos mil asuntos, de lo que la mayoría están aún pendientes de celebrar la audiencia previa, con fecha ya fijada. Este primer trámite antes de fijar una fecha para el juicio está orquestado, entre otras funciones, para intentar que haya un acercamiento entre las partes, en este caso entre banco y cliente, y lleguen a un acuerdo. El problema es que con las cláusulas suelo no está resultando ser una medida muy efectiva, como hace un par de semanas reconocía el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, Antonio Fuentes Bujalance, en una entrevista concedida a este periódico. Todo ello a pesar de que en la mayoría de las sentencias se condena a la entidad financiera a eliminar la cláusula y a devolver las cantidades cobradas por su aplicación.

Al tratarse de una queja que afecta a la administración de Justicia, el Defensor Andaluz no puede más que iniciar la queja de oficio, dado que la legislación impide a la institución andaluza iniciar investigaciones sobre este órgano. Lo que sí ha hecho es dar traslado del caso al Ministerio Fiscal y éste, a su vez, al CGPJ, para que procedan a su investigación. El Defensor de Pueblo Andaluz dará cuenta igualmente de la situación de los juzgados de lo Mercantil de Málaga en el informe que el órgano presenta de forma anual en el Parlamento andaluz.

Las cláusulas suelo comenzaron a llegar a los juzgados en masa en 2013, cuando el Tribunal Supremo en sentencia firme obligó a tres entidades financieras a eliminar una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por el que le cobraban al cliente unos intereses por encima del valor del Euribor -por el se que rigen las hipotecas de interés variable-. No porque sea abusivo sino porque no se le informó adecuadamente al cliente sobre ella. Fue una demanda colectiva contra BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajamar, que acataron la condena. Pero el resto de entidades, a pesar de aplicar la cláusula en lo mismos términos no lo hicieron, lo que está obligando a tumbarlas de forma individual en los juzgados. Recientemente, además, despachos de abogados han lanzado ofertas para animar a los clientes que están sufriendo la aplicación de esta cláusula. Se ofrecen para cobrar una vez que se emita la sentencia y el particular recupere el dinero pagado de más.