El Defensor del Pueblo investiga el modus operandi seguido por la Gerencia de Urbanismo al sancionar a un ciudadano malagueño después de que este denunciase su indefensión, procedimiento tras el que la Gerencia no le habría facilitado copia. Este malagueño reclama haber sido multado con 14.396.80 euros por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo por no constarle al Ayuntamiento la demolición de una casa de aperos que, según afirma el afectado, ya había sido derribada y notificada en esa fecha. 

Atemorizado porque el Ayuntamiento no le contestó el recurso en el plazo máximo establecido, y por la cuantía de la multa con la que le amenazaba el Consistorio, el campesino comunicó no obstante que procedía a la demolición de la casa de apero y aprisco desmontable cuya legalidad cuestionaba el Ayuntamiento, preavisando al mismo de la fecha del derrribo. Sin embargo, la Gerencia no trasladó dicho escrito al Inspector actuante. 

El campesino expresó en su recurso que, a pesar de que el Inspector de Urbanismo había plasmado en el expediente que “las características constructivas denunciadas resultaban difíciles de estimar, dada la distancia de observación y la falta de medios adecuados”, el instructor del procedimiento insistía en “denegar una visita al interior de la finca para efectuar las comprobaciones in situ”.

Cinco meses después de que el ciudadano hubiese derribado la cabreriza de uralita, la Gerencia le impuso no obstante multa por importe de más de 14.396,80 euros, argumentando que no tenía constancia de su efectiva demolición. El campesino formuló nuevo recurso contra la multa, pero transcurrió el plazo máximo establecido para resolverlo y la Gerencia tampoco le contestó.

El ciudadano en conversación con Málaga Hoy afirma haber "notificado debidamente la demolición a la Gerencia". Además, asegura que la situación le está llevando a sufrir "ansiedad y estrés, porque 14.000 euros no son cualquier cosa". 

Como quiera que los ciudadanos deben interpretar la falta de contestación de sus recursos como una “desestimación presunta”, el campesino solicitó certificado al respecto para defenderse ante los tribunales del insistente “silencio administrativo”. La Gerencia tampoco le contestó.

El campesino acudió desesperado al Defensor del Pueblo, que ha decidido investigar el asunto considerando, en principio, el retraso que se aprecia en la actuación de la Gerencia, y posponiendo su pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión hasta concluir el estudio de las explicaciones que le proporcione el Ayuntamiento.