Parece un día de septiembre como otro cualquiera. Bueno, no es cualquiera, es el primer día tras las vuelta de las vacaciones. Son las nueve de la mañana y Desirée deja a su hijo Sergio en el colegio Tierno Galván de Málaga. Si fuese un día normal, si fuese una mañana ordinaria de una vida típica Desirée iría a trabajar y se olvidaría hasta las dos de la tarde. Desirée no tendría que vivir pegada al teléfono y no tendría que haber dejado el trabajo.

Sergio depende de un profesional técnico de integración social (PTIS) para que su día se desenvuelva con cierta normalidad. Un PTIS que, pese a estar asignado al centro, no lo ha pisado todavía. Esto, que puede parecer una anécdota para quien no lo viva de cerca, es todo un cisma en la vida social y educativa de los niños que dependen de la educación especial. Y de los que no, también.

Desirée, en su casa, sigue dando vueltas en torno al móvil. En cualquier momento puede sonar una llamada advirtiendo de que Sergio no ha podido controlar los esfínteres. Quizá ha pedido ir al baño con menos tiempo del que debía. Y sin PTIS es ella quien debe ir al centro a limpiarle y cambiarle. Con lo que eso conlleva para la estabilidad emocional del chico.

Este es uno de los muchos ejemplos que denuncian madres, padres, orientadores y PTIS; que ven cómo se está devaluando la calidad de la educación especial por la falta de recursos. De los 470 orientadores que reforzaron el pasado año el sistema andaluz de educación, este noviembre son 153 las plazas que incorporará la Junta de Andalucía, un recorte de 300 profesionales.

Una PTIS reclama mejores condiciones laborales.

Este es el primer pie del problema: son los orientadores los que valoran a los alumnos con posibles necesidades especiales y determinan cuál es la respuesta más adecuada. Ellos deciden si el estudiante necesita de un profesional técnico de integración social y si además necesita Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

“Pero muchas veces recomendamos a los padres un ‘producto defectuoso’”, reconoce José Manuel, orientador en la provincia de Málaga. “Nosotros sabemos que el PTIS puede ser insuficiente si sólo le ve una hora por semana cuando necesita de una atención continuada”, añade. Además, están desbordados: “Llevo 1.500 alumnos en dos centros distintos, voy por 90 con necesidades especiales y aún me quedan por evaluar niños”.

Después de este tapón, las familias pueden encontrarse con que el PTIS que han seleccionado para el centro es una persona nueva, lo que es un cisma para familiares y niños con necesidades especiales. “Yo sé qué necesitan mis niños sólo con la forma de pestañear, hay muchos que no se comunican bien y yo los entiendo, somos su forma de engranar con la sociedad, no nos pueden cambiar cada poco tiempo de centro porque es empezar de cero y perder gran parte del adelanto”, dice Juana Martínez, PTIS externalizada en Andalucía.

El problema del colegio Tierno Galván Desirée lo comparte, además de con otras familias, con Rocío, madre de Leo, otro de los niños que necesitan la PTIS: “No puedo llevar a mi hijo al colegio si no hay PTIS, porque si tengo que ir a cambiarle yo cuando me voy le desestabilizo y si no puedo ir a cambiarle y se queda todo el día con el pañal mojado puede darle una infección”, afirma Rocío.

Ambas denuncian que no tienen información por parte del centro después de que la PTIS que tenían asignada se diese de baja antes de llegar a pisar al centro. Desde la Junta de Andalucía afirman que en la cobertura de ese puesto interviene el Servicio Andaluz de Empleo que tiene sus propios plazos administrativos, por lo que no se puede acelerar el proceso por parte de la administración pública.

No es este el único colegio que sufre problemas en la provincia, la presidenta del AMPA del colegio Miguel Hernández de El Palo denuncia que el centro lleva demandando a la Junta un ascensor que por falta de recursos les deniegan. “En 2011 lo aprobaron, pero desde entonces estamos esperando. El niño por el que lo pedimos a no está en el colegio”, lamenta. En el colegio el comedor está en la segunda planta, asegura “y hay un niño con una discapacidad del 81%, ¿de verdad alguien se puede cuestionar si lo necesita?”, añade. La Junta de Andalucía afirma que la actuación se suspendió en el año 2014 por falta de recursos y por lo tanto no está en la orden de actuaciones. Añaden que el centro tiene un aseo adaptado ya finalizado.

El hijo de Karina tiene 12 años, parálisis cerebral y un 90% de discapacidad reconocida. Va al colegio Juan Ramón Jiménez de Marbella y “pese a ser uno de los mejores en atención a necesidades especiales este año hay una PTIS menos, una persona destinada a Audición y Lenguaje (AL) para 47 alumnos, 35 niños fuera del aula específica sin AL y no tiene asistencia en el comedor”, denuncia. Por esto último Karina ha tenido que dejar de trabajar para recogerlo, “porque en el transporte escolar no podía venir él solo”. Por esta situación, Karina ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Marbella que aún espera respuesta.

Este recorte de personal ha hecho que alumnos que antes contaban con una sesión diaria de AL haya pasado a 30 minutos a la semana. Yolanda Gamero, secretaria general de CCOO Enseñanza Málaga, pide que se “disminuyan las ratios para los alumnos con necesidades educativas especiales que es el que más lo necesita y ahora mismo está abandonado por la administración”.