El Plan de Gestión de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, de la que forma parte el río Guadalhorce, no sólo ha suscitado la crítica de los empresarios de los polígonos industriales asentados en las márgenes de este cauce y de varios ayuntamientos malagueños, sino también de un organismo dependiente de la Administración regional.

La Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, en un informe emitido el pasado 15 de junio, puso en cuestión la labor de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, en especial al subrayar el escaso nivel de detalle del documento y la ausencia de medidas "ineludibles para la protección de personas y actividades" en las zonas inundables, así como "su coste-beneficio" y de limitaciones de uso en los suelos afectados por la nueva huella.

La posición del ente regional quedó plasmada en trece alegaciones formuladas al plan original, finalmente asumidas. El plan de riesgo fue avalado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 20 de octubre, en la idea de que sea efectivo a partir del 22 de diciembre próximo. Las observaciones de la Secretaría General de Ordenación del Territorio, que pertenece a la misma consejería que el departamento responsable de los planes de inundabilidad, señalaban el incumplimiento de varios de los preceptos del Real Decreto de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación. En concreto, citaba el artículo 11.2, relativo a los objetivos de la gestión de riesgo de inundación para cada zona determinada, y el 11.3, sobre "costes y beneficios, la extensión de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, las zonas con potencial retención de las inundaciones...". Para los técnicos autonómicos, de haberse respondido a ambos asuntos, se hubiese dispuesto de "un nivel de detalle en las medidas que no es el que aporta el plan".

"El minucioso estudio que conllevan los mapas de peligrosidad y riesgo solo servirían, en principio, para tener la información de un supuesto de emergencia o para su consideración por otras políticas y planificaciones territoriales", añade el informe de incidencia, en el que se añade que la planificación tampoco "da cumplimiento" a los contenidos de uno de los anexos del real decreto mencionado.

Al respecto, insistían en que el plan "carece de cualquier tipo de criterios o limitaciones de uso, por lo que es inaplicable la medida de adaptación del planeamiento urbanístico". Por ello, el ente abogaba por que el plan estableciese "unos criterios mínimos de limitaciones de uso en las zonas inundables que, sin invadir las competencias autonómicas y municipales, sirvieran de marco para la planificación territorial y urbanística".