En esta ocasión nada pudo impedirlo y la vida de Rosa Gálvez ha dado un giro radical. La historia se remonta al año 2006 cuando esta vecina de Alhaurín el Grande decidió derruir una casa antigua en un terreno familiar para construir su nueva vivienda. Dos años después, una sentencia firme ordenó la demolición de la casa al hallarse en suelo no urbanizable, orden que fue ejecutada finalmente en el día de ayer, aunque ya hubo otros dos intentos este mismo año. La primera ocasión tuvo lugar en el mes de abril, pero fue paralizada gracias a la movilización de los vecinos y de la plataforma Stop Derribo; en el pasado mes de octubre, fue la propia empresa local encargada del derrumbe quien se negó a llevar a cabo la orden.

En el día de ayer, una treintena de vecinos volvió a concentrarse para impedir que Rosa Gálvez pudiera quedar en la calle, pero un amplio despliegue de la Guardia Civil impidió el paso de los vecinos, obligándolos forzosamente a abandonar la zona, según manifestaron desde Stop Derribos. Según dichas fuentes, el primer maquinista abandonó la operación al tiempo de comenzar, por lo que la ejecución estuvo paralizada al menos media hora. Pasado ese tiempo, un segundo maquinista escoltado por la Guardia Civil y con el rostro cubierto para no ser reconocido continuó la orden de derribo, aunque la operación continuará durante el día de hoy hasta que el solar quede totalmente arrasado. Además, la familia deberá hacerse cargo de los costes de la demolición, que rondan los 9.000 euros.

Su propietaria calificó el pasado lunes esta situación de "injusta", pues "otras muchas casas tampoco cumplen con la ley y sin embargo no cuentan con orden de derribo", expresó. Además, aseguró que en ningún momento paralizaron las obras de las mismas al tiempo de comenzar. Asimismo, reiteró en varias ocasiones que se trataba de su única vivienda, por lo que desde el día de ayer vive con su marido y su hija en un piso de alquiler.

En mayo, un vecino de Pizarra fue multado con 200.000 euros y el posible derribo por la construcción de una casa irregular. El afectado, jubilado y con una paga de 982 euros, afirmó que hay unas 2.000 viviendas en la misma situación, pero que la ley no se aplica igual en todos los casos.